La Xunta aprueba un código ético para regular la actividad pública
Núñez Feijóo fija el límite (Foto: Xoan Crespo)
El documento se encarga de que no haya ningún margen para que un cargo o empleado público pueda valerse de su posición en beneficio personal
El Gobierno gallego ha aprobado hoy un código ético que fija de forma clara y concreta los criterios de conducta y la responsabilidad de las personas que ejercen funciones públicas en la Administración autonómica. «Como representantes públicos y gestores del dinero de los gallegos, las personas que ejercemos la actividad pública y administrativa estamos obligados, además de a cumplir las leyes, a tener un comportamiento ético ejemplar y honorable ante lagunas que la ley deja a libre interpretación de los responsables públicos«, ha justificado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del Consello.
Entre los aspectos que se concretan en el documento, Núlez Feijóo ha destacado, en relación al correcto uso de los bienes de la administración, que el código detalla de forma específica y pormenorizada que todos los medios, materiales y recursos que se ponen a disposición de cualquier persona que trabaje en la Administración se dediquen exclusivamente para el ejercicio de su cargo y sólo durante el horario y el tiempo que desempeñe ese cargo.
Asimismo, el texto se encarga también de que no haya ningún margen para que un cargo o empleado público pueda valerse de su posición en beneficio personal: ni en el campo administrativo, por ejemplo para agilizar trámites; ni en el campo económico, para obtener ventajas de cualquier tipo en entidades que mantengan relaciones con la administración; ni en el campo fiscal donde, por ejemplo, será causa de cese automático e irrevocable tener una cuenta bancaria en un paraíso fiscal.
Como tercer aspecto global destacable hace falta destacar la decisión de prohibir lo que se entiende por regalos, y de regular de forma concreta y restringir de forma clara lo que puede ser entendido como cortesía institucional. En esta línea, Feijóo ha adelantado la aprobación de una propuesta más restrictiva que la fijada para la Unión Europea a este respecto, de tal manera que sólo se podrán aceptar aquellos obsequios oficiales o de carácter diplomático que se puedan intercambiar en el transcurso de un acto público o de una misión institucional; los conceptos por la presencia en ponencias, congresos o actos similares de carácter científico o cultural; y, en todo caso, deberán rechazarse cortesías que superen los 90 euros.
En caso de que existan dudas, el código establece la inmediata devolución a la persona o entidad remitente. Y, cuando ésta sea imposible, el servicio de inspección deberá decidir el destino final, por ejemplo, para una ONG.
Además de estos tres puntos más destacables, el presidente de la Xunta ha explicado que en el documento se refuerzan las cautelas y las garantías en los procedimientos de contratación y en los procesos selectivos de personal, «de tal manera que siempre que sea posible la selección de preguntas deberá ser aleatoria»; y se incorporan los criterios de aplicación en los viajes oficiales al extranjero que ya estaban desgranados, pero que se incluyen en este texto para que exista un único código ético.
En relación a las inauguraciones, y tal y como el Gobierno gallego viene haciendo desde 2009, el código establece que las placas inaugurales de actos oficiales de la Xunta no incluyan cargos del Gobierno, ni ningún otro cargo de la administración autonómica.
Por otra parte, establece también que los miembros del Consello de la Xunta no podrán percibir retribuciones por impartir ponencias en un congreso o en otro evento de similares características.
A modo de resumen, Feijóo ha incidido en que este código ético va más allá del marco jurídico vigente, ya que desarrolla los principios de la legislación, los amplifica y los concreta para facilitar su aplicación en la práctica diaria de la actividad pública administrativa. Así, además de facilitar el trabajo de los empleados públicos y de reforzar la dimensión ética en la adopción de decisiones y en el desempeño de la actividad administrativa común, este documento sirve de referente para el correcto ejercicio de las responsabilidades públicas, con el único compromiso del interés general.
Sobre el ámbito de aplicación, el titular de la Xunta ha precisado que el código será aplicable de forma inmediata a los miembros de gobierno, a los altos cargos y al personal eventual nombrado por los altos cargos y el Gobierno de la Xunta; «y será llevado también a la Mesa de Función Pública para consultar y pedir opinión a las organizaciones sindicales dado que también afecta a los empleados públicos».
Por último, Feijóo ha resaltado que tendrá que ser asumido de forma explícita por todas aquellas empresas que contraten con la Xunta: bien en notificación directa al Registro de Contratistas o bien en documentación específica en cada una de las ofertas que presenten a la Administración pública.
