El fraude de los ERE falsos alcanzó los 136 millones entre 2001 y 2010
La juez Alaya está haciendo jornadas maratonianas en el juzgado
La juez Alaya ha enviado a prisión a 7 personas, la cúpula de los comisionistas de los ERE
El sindicato UGT niega rotundamente haber recibido dinero ilegal procedente de los ERE
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ordenó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los ex directivos del grupo Eurobank Eduardo Pascual y María Vaqué, propietarios de la consultora Vitalia que cobró sobrecomisiones por su gestión de las pólizas de prejubilados financiadas por la Junta de Andalucía.
La juez también envío a la cárcel a Eduardo Leal, testaferro en varias sociedades pantalla de la trama, y a Ismael Sierra, cuñado del conseguidor Juan Lanzas. Con esta decisión, Alaya ha decretado prisión para cuatro de los 22 detenidos en la Operación Heracles, a los que hay que sumar otros tres imputados que habían sido citados judicialmente, también encarcelados tras su declaración: el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el intermediario o conseguidor Juan Lanzas y el ex directivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín.
La juez impuso a Leal y Sierra, cuñado de Lanzas, una fianza de 50.000 euros para poder eludir la cárcel, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la prisión incondicional para ambos. Alaya les acusa de asociación ilícita, malversación, falsedad y un delito contra la Hacienda Pública. Para los dos ex directivos de Eurobank, procesados por el Juzgado 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional por el caso Eurobank, Alaya decretó prisión incondicional sin fianza.
Pascual está acusado de cohecho, prevaricación, delito fiscal, asociación ilícita, falsedad y malversación como principal responsable del desvío de fondos públicos de la Junta desde Vitalia. Hace un mes, el juez Pablo Ruz acordó la apertura de juicio oral contra Pascual y Vaqué junto a otros 13 ex directivos de Eurobank por estafa, apropiación indebida y blanqueo. La Fiscalía Anticorrupción les pide entre cinco y siete años de cárcel para todos ellos.
Según fuentes judiciales, el propietario de Vitalia Eduardo Pascual rechazó las acusaciones ante la juez. «Dígame donde tengo el dinero. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía», dijo el empresario, que ya había declarado ante la Guardia Civil. La juez acusa a Pascual y Vaqué de lucrarse con comisiones abusivas que superaron el 20% del costo de las pólizas de prejubilados financiadas por la Junta de Andalucía.
El empresario catalán reconoció que hasta 2005, la Junta aportó el 66% de los ingresos de la mediadora Vitalia pero que, a partir de ese año, «se invirtió la tendencia» y el porcentaje cayó al 34%. La juez trata de averiguar si este holding desvió fondos de los ERE andaluces a paraísos fiscales, como se desprende de las actuaciones que sigue el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por la quiebra presuntamente fraudulenta de la mutua Fortia Vida, sociedad del grupo Vitalia con la que la Junta contrató pólizas de prejubilaciones pagadas con el llamado fondo de reptiles.
La investigación del caso de los ERE considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2010 ascienden a 136 millones de euros. La cifra aglutina los 50 millones desviados por las sobrecomisiones, según la Guardia Civil, las ayudas a empresas por 73,8 millones que concedió la Junta de Andalucía y los 12,3 millones que percibieron 126 intrusos (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas). La Cámara de Cuentas andaluza peinó durante un año el fondo de los ERE, dotado con 721 millones, y precisó la cifra de subvenciones a empresas y la de los intrusos, un dinero que el Ejecutivo andaluz reclama ahora.
