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El Gobierno se personará en la causa por la venta de VPO en Madrid

José Luis Ábalos

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en Moncloa (Foto: César P.Sendra)

Se sustancia un proceso penal en contra de la Comunidad de Madrid por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión

El Ejecutivo prohibirá por ley la venta de vivienda pública a fondos privados

El Gobierno ha solicitado personarse en el proceso penal que investiga la venta de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión en 2013.

La venta, declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, es investigada por el Juzgado de Instrucción número 48 de la capital a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que considera que aquella operación presenta irregularidades que podrían constituir un delito de prevaricación y malversación.

El anuncio lo ha hecho esta mañana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Preguntado por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por las medidas que piensa aplicar su Gabinete para acabar con la subida de los precios de los alquileres en las principales capitales de provincia, Sánchez se ha descolgado con este anuncio. Además, ha adelantado, prohibirá por ley la venta de viviendas públicas a fondos de inversión privados.

En 2013, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) transmitió 2.935 viviendas públicas del IVIMA al Fondo de Inversión Azora Gestión. Muchos de los inquilinos que ocupaban esas viviendas en régimen de alquiler tuvieron que abandonarlas al ver incrementado el precio impuesto por el nuevo propietario privado.

El Ministerio de Fomento considera que todas o buena parte de esas viviendas se construyeron al amparo de las ayudas y subvenciones contempladas en los sucesivos planes estatales de viviendas aprobados por distintos gobiernos. En este contexto, entiende que la venta de esas VPO al fondo de inversión es ilegal y, además, produjo un perjuicio a la Administración General del Estado al alterar los fines para los que se concedieron las ayudas y subvenciones.

Por ello, el ministerio dirigido por José Luis Ábalos, a través de la Abogacía General del Estado, ha solicitado al instructor del proceso penal su personación como acusación particular en condición de perjudicado por los posibles delitos investigados en el sumario.

El Gobierno pretende así “velar por los intereses generales que pudieron verse perjudicados por la decisión de la Comunidad de Madrid, el de los menores que se vieron afectados así como defender el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna”.

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