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Un juez suspende el cambio de nombre de las calles ‘franquistas’

Manuela Carmena

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena

Impone a la Fundación Nacional Francisco Franco una fianza de 60.000 euros

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 23 de Madrid ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo adoptado en mayo por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por el que se cambia la denominación de determinadas calles, plazas y travesía de la ciudad de Madrid en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, de Memoria Histórica (LMH).

por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, dada a conocer como ley de memoria histórica.

La suspensión del cambio del callejero madrileño fue solicitada por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), alegando que el acuerdo adoptado por el gobierno de Manuela Carmena es ilegal por no tener amparo en la citada ley, “de marcado contenido ideologizante que se estaba aplicando de forma sectaria y revanchista por muchas administraciones para negar hechos históricos o cambiar el curso de la historia, al tiempo que se enaltecía a los participantes en las represiones del Frente Popular”.

Además, la FNFN cifra el impacto económico que supondría el cambio de nombre de las 52 calles, vías y plazas del callejero capitalino en más de 55 millones de euros, de los cuales 6 millones repercuten directamente en las arcas públicas del Ayuntamiento. Un dinero, reprochan, que debería destinarse a fines públicos y de interés general y no a “fines ideológicos”.

En el recurso de la Fundación se indica, por otra parte, que el cambio de la rotulación de las calles de Madrid no tiene amparo en el artículo 15 LMH -única razón legal esgrimida para aprobar el cambio- pues resulta “evidente que después de 78 años de la Guerra Civil, 42 años de la muerte de Franco y 37 años del cambio de calles propiciado por el Alcalde Tierno Galván, no existen razones de urgencia ni, por supuesto, de interés general, que obliguen a la inmediata ejecución del acuerdo impugnado, pues nada impide, porque no afecta a los intereses generales esperar a que el Juzgado dicte sentencia”. Se evita así -recalcan desde la FNFN, “un despilfarro que afecta a las arcas públicas, malversando fondos públicos y dañando la economía directa de los ciudadanos de Madrid”.

El auto que acuerda la suspensión establece una “fianza” de 60.000 euros que la Fundación considera “totalmente desproporcionada”, pues su entidad no tiene ánimo de lucro.

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