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UGT Asturias también ‘desvió’ fondos de los cursos de formación

Justo Rodriguez Braga

Justo Rodriguez Braga, ex secretario general de UGT Asturias

Se sirvieron de sociedades creadas o controladas por el sindicato y de empresas afines al mismo

Los cursos de formación han servido para que sindicatos y empresas españoles, con el consentimiento y beneplácito de las Administraciones Públicas, se hayan llenado los bolsillos de forma ilegal durante lustros.

Si en Andalucía la infinita trama de los ERE falsos ha discurrido paralela al uso ilegal de las subvenciones públicas para realizar cursos de formación entre trabajadores y parados, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo ha ordenado este martes juzgar a seis ex directivos de UGT Asturias por cinco presuntos delitos de fraude de subvenciones previstos en el artículo 308 del Código Penal.

Los investigados son Justo Rodriguez Braga, secretario general del sindicato cuando ocurrieron los hechos delictivos; Mónica Menéndez Vázquez, secretaria de Administración desde el año 2002 hasta junio de 2013; Manuel Díaz Cancio, secretario de Formación de UGT Asturias desde mayo de 2009 hasta junio de 2013 y secretario ejecutivo hasta 2006; Maria Jesus Ocaña Clemente, administradora única de Localmur desde noviembre de 2001 y administradora única de Formación sindical desde noviembre de 2010; Alberto Gonzalez Castaño, técnico adscrito a la Secretaría de Formación, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y la justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias; Silvia Sariego Ferrero, encargada de tales funciones en la delegación territorial de la Fundación IFES desde 1998 hasta 2015.

La magistrada les acusa de «actuar concertadamente para desviar parte de los fondos públicos procedentes de las subvenciones concedidas a UGT Asturias y la Fundación IFES entre los años 2010 y 2014 y obtener beneficios económicos que revertían en la propia organización sindical». Algunas informaciones cifran el desvío de dinero público en 1,4 millones de euros.

Para la magistrada «dicho desvío fue llevado a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las cursos de formación por las que recibían las subvenciones concedidas por SPEPA, ocultando a la Administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación de los gastos».

Para ello según el auto «se habrían servido de sociedades creadas o controladas por el sindicato y de empresas afines al mismo, como Localmur, Formación 2020 e Infastur, a las que los investigados recurrían para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas».

En el mismo auto se acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones con relación a la Fundación IFES, así como el sobreseimiento provisional con relación a los investigados Carmen Caballero Díaz y Daniel Pedro Rodríguez Vázquez.

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