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Trece detenidos y 77 heridos en los disturbios de los CDR en Cataluña

Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sonríe durante la reunión del Consejo Ministros en Barcelona (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

Durante las protestas de los independentistas violentos por la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona

Los independentistas más radicales -los llamados Comités de Defensa de la República- cortaron ayer carreteras de varias provincias catalanas durante horas y cientos de manifestantes violentos provocaron disturbios en las calles de Barcelona.

Además de causar cortes de circulación durante toda la mañana quemaron neumáticos y basura en las vías para retrasar la reapertura al tráfico.

La AP-7 a la altura de la localidad tarraconense de Ampolla fue cortada desde primera hora de la mañana y varias carreteras de Alcarrás, Lérida y Gerona así como las entradas a Barcelona también sufrieron retenciones hasta el mediodía, cuando los Mossos d’Esquadra comenzaron a desalojarlos.

Cientos de personas, ante el anuncio de movilizaciones contra la celebración del Consejo de Ministros que ayer se celebró en Barcelona, incluso hicieron noche en el aeropuerto de Barcelona para evitar los colapsos de tráfico y poder coger sus vuelos.

En Barcelona los CDR cortaron varias calles con barricadas y contenedores. Y muchos de ellos, encapuchados, lanzaron piedras y vallas contras los Mossos. También agredieron e insultaron a algunos periodistas a quienes acusaron de provocar y de realizar montajes sobre la «falsa» violencia en Cataluña.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a trece personas, diez de ellos en la capital catalana y otros tres en el corte de la AP-7 en l’Ampolla (Tarragona). Según fuentes policiales, siete de los detenidos fueron arrestados por incidentes en la zona de Drassanes, donde los mossos cargaron contra un grupo de CDR, que les arrojaron vallas, piedras y pintura y levantaron una barricada.

Durante las protestas un total de 77 personas resultaron heridas de diversa consideración, entre ellos 35 agentes de los Mossos, lo que permitió al Gobierno de Pedro Sánchez celebrar con «normalidad» el Consejo de Ministros en la Llotja de Mar.

Por la tarde, otra manifestación reunió a 40.000 personas, según la Guardia Urbana, y a unas 89.000 según los organizadores, que recorrieron el Paseo de Gràcia sin incidentes y entre gritos a favor de la «libertad de los presos políticos».

La marcha, impulsada por diversas entidades soberanistas, discurrió con el lema «Tumbemos el régimen. Por los derechos sociales y políticos. Por la autodeterminación. Contra la represión» por las principales calles barcelonesas.

A pesar de todo lo ocurrido la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, valoró como «muy positivos» los dos últimos días en Cataluña. Durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Celaá felicitó a los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana por su coordinación durante la jornada. Se solidarizó con el reportero agredido por un miembro de los CDR pero nada dijo a los cientos de afectados por los hechos violentos ocurridos en Cataluña.

Sobre la reunión celebrada el jueves entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, Celaá dijo que es la evidencia de que el diálogo puede «encauzar políticamente las relaciones con Cataluña y la salida del conflicto». Tras negar que el Ejecutivo esté realizando concesiones a los independentistas, como aseguran desde el Partido Popular y Ciudadanos, Celaá recalcó que el Gobierno siempre ha buscado espacios de diálogo dentro de la Constitución.

En la reunión ministerial, además de varias medidas económicas, algunas sobre infraestructuras catalanas (112 millones de euros para licitar contratos de conservación de carreteras), se decidió el cambio de denominación del aeropuerto de El Prat por el de Josep Tarradellas, una medida, según la portavoz, «que transmite un mensaje de concordia, de entendimiento y de diálogo», al reconocer «la figura del president».

También se acordó rechazar el consejo de guerra que decidió la ejecución de Lluís Companys -fusilado en 1940 tras ser juzgado por adherirse a la rebelión militar- y se proclama su reconocimiento y su restitución como presidente de la Generalitat. Respecto a la nulidad de ese juicio, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, recordó que requiere un cambio normativo y que ya hay una proposición de ley que así lo prevé y que está en tramitación en el Congreso.

Batet también tuvo que responder una pregunta sobre el comunicado conjunto tras la cita entre Sánchez y Torra del día anterior, que no se refiere a la Constitución sino a la «seguridad jurídica». Batet destacó que la expresión «seguridad jurídica» es la base esencial para una solución. La ministra recordó que la seguridad jurídica no existe sin el respeto al ordenamiento jurídico que conforman el texto constitucional, los estatutos de autonomía y el resto de leyes y normas, tras lo que resumió el contenido y espíritu de ese comunicado con dos palabras: «Diálogo y ley». En otro momento, Batet reiteró la posición del Gobierno acerca de que no existe el derecho de autodeterminación y, por tanto, no cabe en el ordenamiento jurídico español.

Por parte de la Generalitat, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ninguneó los acuerdos» sectoriales y estéticos» del Consejo de Ministros diciendo que para eso «no merecía la pena desplazar a todo el Gobierno hasta Barcelona, con el consiguiente coste».

«Para cambiar el nombre del aeropuerto, repetir una frase que ya dijiste en 2009 -cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció a Companys- y para unas promesas de infraestructuras de hace 10 años que no se han ejecutado, quizás no era necesario venir a Barcelona», dijo Artadi, quien añadió que el Consejo de Ministros ha precisado el despliegue de medidas de seguridad y causado «inconvenientes» para que al final solo haya habido anuncios «estéticos o sectoriales».

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