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Rechazado el recurso de la Generalitat contra el 25% de clases en castellano

Josep Gonzàlez-Cambray

El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tendrá que hacer cumplir la sentencia

El Gobierno independentista recurrió en casación la sentencia que obliga a ofrecer el 25 por ciento de las clases en castellano

La Sala III del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Generalidad de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desde hace casi un año obliga a impartir el 25 por ciento de las clases en castellano en todos los colegios de la comunidad autónoma.

La providencia ni siquiera entra en el fondo del asunto porque, explica, las cuestiones planteadas por los abogados del Gobierno catalán se centran en la valoración de la prueba que no es recurrible en casación ante el Supremo.

La sentencia del TSJC, que ya es firme, ha sido muy celebrada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, que lleva años defendiendo a los miles de alumnos que son discriminados por razón de la lengua. La Constitución les garantiza su derecho a ser escolarizados en las lenguas oficiales de Cataluña pero las autoridades educativas catalanas, vulnerando las leyes, sólo permiten clases en lengua catalana.

La Asamblea reclama al Departamento de Educación y a todas las autoridades implicadas que apliquen la sentencia y cambien el sistema educativo para hacerlo más integrador, plural y equilibrado. También exige que los supremacistas catalanes no tergiversen la realidad y digan que hay persecución al catalán. ‘Los discriminados son aquellos que quieren estudiar en un modelo bilingüe castellano-catalán y no pueden porque los nacionalistas anhelan cambiar los usos lingüísticos de los ciudadanos e imponer la lengua catalana como lengua común de Cataluña’.

Añaden los defensores de los castellanohablantes que la Constitución y los Tratados firmados por España no avalan la erradicación de la lengua mayoritaria de los otros hablantes de un territorio. En este contexto, acusan a la Generalitat de adoptar un falso discurso victimista con el que trata de propagar el odio al diferente desde una base supremacista inadmisible en un Estado democrático.

Por todo ello piden al Gobierno de España que no huya de sus obligaciones y haga ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y anuncian que solicitarán la ejecución de la sentencia en el supuesto de que no lo haga el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. ‘Exigimos a las autoridades nacionalistas que asuman la realidad catalana y no jueguen al discurso de la confrontación. ¡Cumplan las sentencias y dejen de hacer trampas en la ejecución de las resoluciones judiciales!’ insisten.

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