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Puigdemont destituye a uno de sus consejeros por dudar del referéndum

Jordi Biaget

Biaget, en una imagen de edicionessibila

El Govern presenta este marte públicamente la ley con la que pretende hacer posible el referéndum «vinculante»

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, destituyó ayer al consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, por afirmar que el referéndum del 1 de octubre no se podrá celebrar porque el Estado tiene mucha «fuerza y ejercerá su poder».

Baiget, que cree que el próximo 1 de octubre se hará «alguna cosa que se puede parecer al 9-N», criticó que una parte del Govern no está en «el núcleo duro de las decisiones» y no se le consulta la «estrategia».

El aún conseller adujo temer no tanto entrar en prisión como los riesgos contra su patrimonio que supondría participar en una consulta ilegal, porque eso afectará a su familia.

Baiget será sustituido por el consejero de Cultura, Santi Vila, que de momento mantendrá ambas carteras.

Tras las declaraciones de su conseller de Empresa, el presidente catalán, Carles Puigdemont, reiteró que el referéndum será «vinculante» y «oficial» y estará organizado por el Gobierno catalán, lo que supone «grandes diferencias» con la consulta del 9-N y animó a «votar para decidir el futuro colectivo de Cataluña».

Más tarde, en otro acto, Puigdemont aseguró que el proceso independentista «no es antiespañol, ni para dar la espalda a España» y defendió la existencia de un Estado catalán y otro español «que colaboren entre ellos».

Este martes el Govern presentará públicamente la ley con la que pretende hacer posible el referéndum «vinculante», en la que declara que el pueblo de Cataluña es un «sujeto político soberano», considera al Parlament «representante de la soberanía» una vez «que se han agotado todas las vías de diálogo y negociación con el Estado» y fija un «régimen jurídico excepcional» para regular la consulta que «prevalecerá jerárquicamente» sobre el resto de leyes.

Además declara que «todas las autoridades, personas y empresas que participen ya sea directamente o indirectamente en la preparación, celebración y/o implementación del resultado del referéndum quedan amparadas por esta ley». En el documento apela a la ONU y al Tribunal de La Haya e invoca acuerdos que reconocen «el derecho de los pueblos a la autodeterminación».

El texto fue criticado ayer por el Gobierno. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, criticó el «oscurantismo» y la «pérdida de neutralidad» con la que el Govern está elaborando las leyes de ruptura, «sin luz ni taquígrafos», algo «más propio de otras latitudes» que de países de la UE. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el techo de gasto para 2018, el ministro reprochó que la Generalitat «parece obedecer únicamente a los deseos de los políticos secesionistas».

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