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Procesan a la ex cúpula del PP de Valencia por financiación ilegal

Francisco Camps

Francisco Camps vuelve a la actualidad

Ximo Puig, líder de los socialistas valencianos, asegura que «el PP ganó las elecciones en Valencia haciendo trampas»

El juez José Ceres, que instruye la trama valenciana del caso Gürtel, procesó ayer a 19 personas por supuestos delitos electorales (financiación ilegal), falsedad y delito fiscal en las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, cuando aún gobernaba Francisco Camps.

Entre los procesados en la causa investigada por Ceres –piezas 1, 2 y 6 del sumario del caso Gürtel-, figura el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, y la ex tesorera de la organización regional del PP Yolanda García. Asimismo, figuran en la lista el ex presidente de la Generalitat Vicente Rambla, la todavía gerente, Cristina Ibáñez, y el ex vicesecretario de Organización David Serra.

Asimismo, están procesados los cabecillas de la red Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, además de una decena de empresarios del sector de la construcción y obras públicas que presuntamente hicieron aportaciones irregulares, entre los que están el ex presidente de la patronal alicantina Rafael Martínez Berna, su hermano Tomás, José Enrique Fresquet, Enrique Gimeno, Alejandro y Antonio Pons, José Francisco Bevià, Gabriel Batalla, Enrique Ortiz (imputado con la alcaldesa de Alicante en el caso Brugal) y Vicente Cotino, sobrino del ex presidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino.

El juez indica en el auto que de lo investigado se concluye que «el sistema de financiación y pago del PP de los gastos en que incurría por los servicios y organización de actos que realizaba Orange Market se abonó, al menos en una parte relevante, con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal«, apunta. Los inspectores de Hacienda estiman que «el total de ingresos» no incluidos en la contabilidad oficial del PP en 2007 ascendió al menos a 2,5 millones, mientras que en 2008 la suma de pagos en b realizadas por terceros alcanzó el millón de euros.

Ceres mantiene que «se producían unos ingresos indirectos en el Partido a través de la disminución del débito mantenido con Orange Market a través de pagos que diversas sociedades realizaban a esta empresa y que se enmascaraban mediante contratos aparentes que no implicaban una real prestación de servicios».

Tras el procesamiento de varios miembros del PP valenciano, el secretario de Reformas Democráticas del PSOE y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, afirmó que «hace tiempo que se deberían haber convocado elecciones en la Comunidad Valenciana». «El auto del juez constata que el PP de la Comunidad Valenciana hizo trampas en las elecciones de 2007 y 2008 a las que acudió dopado«, añadió Puig.

Para Puig, «este es un Gobierno ilegítimo, porque ganó las elecciones de forma ilegítima, haciendo trampas desde el primer minuto». Además, Puig considera que «Alberto Fabra, actual presidente de la Comunidad, debe explicar con claridad cuál fue su colaboración personal con la trama y explicar a los ciudadanos la actuación de su partido».

«Las responsabilidades son de toda la cúpula del PP», dijo el líder de los socialistas valencianos, que advirtió que «en cualquier democracia se tomarían ahora mismo decisiones«.

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