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Prisión eludible con fianza para dos directivos del Canal

Canal de Isabel II

Una de las sedes del Canal de Isabel II en Madrid

Está previsto que hoy declare el ex presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, detenido el pasado miércoles

El juez Eloy Velasco decretó ayer prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros para la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.00 euros para el ex gerente del Canal Adrián Martín, detenidos en la operación Lezo junto al ex presidente madrileño Ignacio González.

Los hechos se han producido el mismo día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en varias empresas, entre ellas OHL, Indra y PriceWaterhouse Coopers (PwC), para buscar información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con una presunta financiación irregular del PP.

A María Fernanda Richmond y a Adrián Martín se les acusa de delitos de organización criminal, prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos en relación con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao, según fuentes jurídicas que citan las agencias.

Está previsto que Velasco tome declaración este viernes a los otros arrestados que permanecen custodiados, entre ellos el ex presidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica.

En el caso de OHL, cuya cotización ha caído un 8,29% en Bolsa tras conocerse la noticia del registro, la investigación tiene que ver con el contrato del “fallido” tren de Móstoles a Navalcarnero, firmado en 2007, y con el posible desvío de fondos hacia el PP y hacia el propio Ignacio González, parece ser, organizado desde la empresa por Javier López Madrid, que ha sido detenido esta pasada madrugada.

Las siglas de López Madrid aparecen en unas notas que tenía el ex gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, junto con la agenda de Francisco Granados, en prisión desde hace más de dos años.

A PwC los agentes le han reclamado información sobre los trabajos de consultoría prestados a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, entidad que también ha sido registrada, y está implicada también en la operación Púnica.

Asimismo, los investigadores extendieron sus requerimientos a la sociedad Licuas, una construcción de obra civil que ya aparecía en los papeles de Bárcenas, como también a Sacerco, que gestiona torres de control de aeropuertos.

Por otra parte, ayer declaró como testigo en el macrojuicio del caso Gürtel -en el que Mariano Rajoy declarará como testigo- Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Aguirre dijo desconocer la trama creada por Francisco Correa -que ya ha sido condenado a 13 años de prisión por la “rama valenciana”- y sobre el acusado Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia, afirmó que le mintió y le ocultó que siempre se contrataba a empresas relacionadas con el grupo de Correa para los actos a los que ella acudía cuando presidía la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012.

En este sentido, Aguirre señaló que López Viejo, para quien la fiscal pide 46 años de cárcel, “no era una persona de su confianza”.

Sobre la detención de Ignacio González, la ex presidente madrileña la calificó de “verdaderamente triste”. “Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantos años, es un palo verdaderamente muy relevante”, dijo.

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