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Piden firmas para que el castellano sea vehicular en Cataluña

AMES

Las firmas se entregarán al ministro de Educación

El Gobierno estudia incluir, en virtud del artículo 155 de la Constitución, la «casilla lingüística» en los folletos de preinscripción de los colegios de Cataluña

La inmersión lingüística echa a los castellanohablantes de Cataluña

La impronta secesionista está grabada en el profesorado catalán

El sindicato de profesores AMES ha comenzado a recoger firmas para lograr que en Cataluña los alumnos puedan ser escolarizados inicialmente en su lengua materna, sea el catalán o el castellano.

Es la única forma, sostienen, de que, al final de la enseñanza obligatoria, todos los alumnos que viven en Cataluña sepan catalán y castellano.

Los profesores reclaman, como permite la ley de Educación, que exista una opción lingüística para todos los alumnos que la pidan, en la que el castellano, junto con el catalán, sea lengua vehicular en una proporción razonable.

Los docentes de AMES denuncian que en Cataluña el castellano ha sido excluido de la enseñanza como lengua vehicular, lo que dificulta a los alumnos castellanohablantes aprender al mismo ritmo que sus compañeros catalanohablantes, ya que a la dificultad de aprender, se le suma la dificultad de tener que hacerlo en otra lengua.

El problema se agrava cuando los niños que no pueden superar esta dificultad, quedando disminuidas su capacidad de expresión y de aprender. Ponen como prueba el resultados de los alumnos catalanes en la pruebas PISA, que reflejan que el porcentaje de los alumnos castellanohablantes que no han llegado al nivel mínimo, es el doble que el de los catalanohablantes. Esto, indican, confirma que el sistema de la inmersión lingüística en una sociedad bilingüe no es un factor de cohesión social sino todo lo contrario, ya que genera fractura social, al perjudicar a aquellos que no pueden aprender a leer en su lengua materna.

Desde AMES acusan a los defensores del sistema de inmersión lingüística de no reconocer esta realidad y «empecinarse en defender que con solo dos horas semanales de castellano en Primaria y tres horas en Secundaria el nivel de nuestros alumnos es superior a la media de España, en la que todas las clases, menos el inglés, se dan en castellano».

La «trama» lingüística catalana va más allá y para evitar que se descubra el «señalamiento social» que practican unas veces ocultan que las pruebas PISA en Cataluña se hacen en catalán, y otras que, en las pocas pruebas que ha pasado el Ministerio, los alumnos catalanes solo obtuvieron resultados aceptables de castellano en comprensión lectora, no en los aspectos cultos de la lengua (ortografía, sintaxis y literatura).

Para remediar este fracaso escolar el Ministerio de Educación ya estudia incluir, en virtud del artículo 155 de la Constitución, la «casilla lingüística» en los folletos de preinscripción de los colegios de Cataluña. Lo ha dejado caer este jueves el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. Al ser preguntado por este asunto, Marín ha dicho que el Gabinete de Íñigo Méndez de Vigo «está en ello». Se trata de una apartado que permite a las familias elegir si quieren que sus hijos estudien con el castellano como lengua vehicular, algo que la Generalitat ha obstaculizado hasta ahora, a pesar de las numerosas sentencias que reconocen este derecho.

Los primeros en reaccionar al anuncio del Ejecutivo han sido los socialistas catalanes. La coordinadora del Partido Socialista de Cataluña en el Congreso, Meritxell Batet, ha acusado al Gobierno de querer «segregar niños por razones de lengua».

Para Batet, que hace caso omiso a las demandas de AMES, «el modelo de inmersión lingüística garantiza que al final de la etapa educativa obligatoria los niños y niñas de nuestras escuelas sean competentes en dos lenguas; esto es un elemento de riqueza, positivo, y sobre todo de cohesión social, que ha sido siempre nuestra máxima prioridad».

«Esperamos que esto se quede en una propuesta y que no se siga adelante», ha destacado la líder de los socialistas catalanes en Madrid, que ha querido limitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. «La aplicación de este artículo se pone en marcha exclusivamente porque aquel que tenía el poder para convocar elecciones, Carles Puigdemont, hizo dejación de sus responsabilidades y no las convocó». En este sentido, ha añadido que «urgía que Cataluña recuperara la normalidad democrática, y el 155 se puso en marcha por ello, para convocar elecciones, dar la voz a los ciudadanos y poder elegir un Parlamento».

El Tribunal Supremo fijó en el 25% el uso del castellano en los colegios catalanes

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