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Page exige auditar los regadíos ilegales del Levante

Cuencas España Oct./19

Situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, a 15 de octubre

Después de que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) haya reconocido la existencia de más de 9.500 hectáreas de regadíos ilegales en Murcia que están afectando negativamente el ecosistema del Mar Menor

La «guerra» del agua está en un nuevo estadio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha está harto de que el agua del Tajo acabe en el Levante regando cientos de parcelas ilegales mientras muchos de sus municipios ribereños tienen que ser abastecidos con camiones cisterna para el agua de consumo humano.

Hace unos días la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)  reconoció la existencia de más de 9.500 hectáreas de regadíos ilegales en Murcia. La reacción no se hizo esperar desde Castilla-La Mancha. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, exclamó que «no se puede permitir que nuestros pantanos de cabecera sigan disminuyendo su nivel y se llegue a abastecer con cisternas a los pueblos ribereños mientras el trasvase se va por la tubería para las más de 9.500 hectáreas de regadíos ilegales del Levante, que, por primera vez en la historia, ha reconocido la CHS».

Acto seguido el consejero de Emiliano García Page pidió que «se investigue y audite cuántos regadíos ilegales hay en el Levante». “Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha pedimos al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que investigue y pida una auditoría para determinar cuánta agua procedente del trasvase y, por tanto, de los pantanos de cabecera, van a abastecer los regadíos ilegales del Levante”, requirió el consejero del Gabinete castellano manchego, que considera que «esta es la punta del iceberg de un modelo insostenible de regadíos ilegales que se permiten y cuya columna vertebral es el trasvase Tajo-Segura”.

Escudero resaltó que no van «a consentir ni un día más que el agua de nuestros embalses vaya a esos regadíos ilegales, mientras nuestros pueblos ribereños tiene que ser abastecidos por camiones cisternas”. Por eso, recalcó, “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a exigir al Ministerio que se cambie ese modelo caduco basado en un Memorándum que fue aprobado por el PP y María Dolores de Cospedal y que perjudica claramente a esta región».

Asimismo, recordó que el pasado martes, el Consejo de Gobierno abierto celebrado junto a los representantes de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía aprobó dos nuevos recursos contra el trasvase porque “la Justicia nos ampara y nos da la razón, pues el Tribunal Supremo ha determinado preservar el caudal ecológico del río Tajo». Se refiere Escudero a una sentencia dictada por el alto tribunal en marzo que «anuló» el Plan Hidrológico del Tajo.

Por tanto, concluyó, “queremos que una auditoría certifique cuánta agua de esos regadíos ilegales se suministran de los acuíferos y cuánta del trasvase”.

Según el Partido Popular, los gobiernos del PSOE de Pedro Sánchez y Emiliano García Page son los más «trasvasistas» de la historia. El pasado 3 de octubre la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, la popular Ana Guarinos, denunciaba que en los 17 meses que Sánchez lleva gobernando en España se han autorizado 17 trasvases.

Guarinos contabilizó la relación de agua trasvasada durante los últimos 17 meses, «que ha sido de 448,8 hm3, con los embalses al 18,4% de su capacidad (455,46 hectómetros cúbicos)». De hecho, añadió, todavía se puede seguir trasvasando agua hasta llegar al límite de los 400 hectómetros cúbicos, cantidad por debajo de la cual no se puede autorizar ningún trasvase gracias a la reserva estratégica en cabecera establecida cuando gobernaba el PP en España y Cospedal en Castilla-La Mancha.

CHS

Delimitación oficial de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Desde el Sur critican que la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya incluido “con voz y voto” a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible andaluza, Carmen Crespo, defiende que sea una comisión íntegramente técnica la que vele por el cumplimiento de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Puede leer aquí las normas de actuación en el Trasvase Tajo-Segura aprobadas en 2014.

La consejera del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla teme que esta medida del Ministerio puede conllevar que el agua procedente del trasvase deje de llegar al levante almeriense, “una zona con un marcado déficit hídrico y cuyo abastecimiento y desarrollo socioeconómico dependen fundamentalmente de esta vía”. “Esta Consejería va a luchar por cada gota que llega a Andalucía”, remarcó Crespo.

Al igual que ya han anunciado los ejecutivos de Murcia, en manos del PP, y de la Comunidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig, la consejera de la Junta de Andalucía aseguró en su día que llevará a los tribunales a la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en el caso de que Ribera no dé marcha atrás en su decisión. A este respecto, Crespo se mostró tajante a la hora de afirmar que “no vamos a permitir que una medida desafortunada del Ministerio ponga en riesgo la economía y el empleo de los andaluces y, en concreto, de los almerienses, que han demostrado una capacidad extraordinaria para aprovechar cada gota de agua para generar riqueza y puestos de trabajo”.

El pasado 15 de octubre la reserva hidráulica española era de 22.346 hectómetros cúbicos, el 39,8 por ciento de la capacidad total. La reserva en el Tajo es, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, del 34,4% y del 27,6% en el Segura. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) publicaba ayer mismo que en la cuarta semana de octubre las reservas de la cuenca se sitúan al 34,7%, almacenando 3.833 hm3 esta semana.

Pero haya el agua que haya es necesario un gran pacto nacional con un modelo global de política de agua para toda España basado en el equilibrio territorial.

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