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Objetivo, desmantelar las ‘instituciones populares de resistencia’ de Carmena

José Luis Martínez Almeida

El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida

Las subvenciones nominativas han aumentado en el Ayuntamiento de Madrid un 140% desde 2015

El PP apuesta por recuperar la norma, derogada por Carmena, de pedir tres presupuestos para contratos a partir de 1.000 euros

En febrero de 2016 Ciudadanos publicó una lista de “enchufados” por Ahora Madrid

Desde que en junio de 2015 Manuela Carmena llegó a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid se han disparado las adjudicaciones municipales a firmas y cooperativas participadas por miembros de Podemos, su entorno y sus denominadas confluencias.

Es el caso, por ejemplo, de REAS, Tangente, Dinamia-Fundación Trabe, Gea 21, Pandora Mirabilia y Kinema, entre otras.

De los casi 25 millones “abonados” a todas ellas, casi 17 se han otorgado mediante la fórmula de subvenciones nominativas (que han aumentado un 140% desde 2015), contratos menores (se ha pasado de celebrar 3.877 en 2014 con Ana Botella a 5.541 en 2017) y convalidaciones de gasto (que se han incrementado en un 42% desde la época del PP).

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid y candidato del PP a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado hoy sus planes para desmantelar la trama corrupta denominada ‘instituciones populares de resistencia’, que “Íñigo Errejón diseñó y planificó y que el equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha ejecutado en el Ayuntamiento de Madrid“.

Errejón, que concurrirá a las elecciones autonómicas de mayo con Más Madrid, la marca de Manuela Carmena, defendió la necesidad de que los llamados ‘ayuntamientos del cambio’ configuraran este tejido “porque la militancia no vive del aire y hay que dejar sembradas instituciones donde refugiarse cuando gobierne el adversario”.

Martínez-Almedia se ha comprometido a desmantelar estas ‘instituciones populares de resistencia’ creadas por Ahora Madrid, una medida que irá acompañada de una auditoría para analizar los contratos, convalidaciones y subvenciones nominativas otorgadas por el gobierno de Manuela Carmena.

Por otro lado, y en aras de una mayor transparencia, se ampliará las funciones actuales de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones para que facilitar el trabajo a los grupos de la oposición.

El portavoz y candidato del PP también ha propuesto la necesidad de modificar las ordenanzas que los “podemitas” han aprobado durante estos años para dar cobertura legal e institucional al reparto de dinero público.

En primer lugar se modificará el reglamento orgánico de participación ciudadana para, entre otras cosas, recuperar el requisito de utilidad pública municipal para poder acceder a una ayuda pública, algo que suprimió el actual gobierno y que beneficia a los movimientos ‘okupas’.

“Modificaremos toda aquella normativa que posibilita que los ‘okupas’ puedan ocupar en estos momentos edificios de titularidad municipal. No permitiremos que haya asociaciones que puedan recibir fondos o tener espacios del Ayuntamiento de Madrid y no tengan la calificación de utilidad pública”, ha recalcado Almeida, quien ha añadido que “es una imperiosa necesidad ética que aquellos que durante estos cuatro años se han aprovechado de los fondos públicos para vivir, no pretendan seguir viviendo a costa de los madrileños una vez que abandonen las instituciones”.

Además, se derogará la ordenanza de cooperación público social, creada por el gobierno de Manuela Carmena para favorecer el tejido asociativo afín y posibilitarle cooperar con la prestación de servicios públicos que corresponden al propio Ayuntamiento.

Por otro lado, Almeida apuesta por recuperar la norma, derogada por Carmena, de pedir tres presupuestos para contratos menores con el fin de garantizar la transparencia y la participación. Las subvenciones nominativas, otro de los instrumentos utilizados para regar de dinero público las ‘instituciones populares de resistencia’, pasarán a tener un carácter de excepcionalidad si el PP se hace con la alcaldía a partir del próximo mayo.

Las posibilidades de que el PP gane las elecciones municipales en Madrid no están claras. Recientemente, una encuesta de Invymark para Telemadrid reflejaba que Carmena ganaría con un 26,5% de los votos, pero un pacto entre Ciudadanos, con un 22,7%, PP, con el 21,8% y Vox, con el 12,8%, podría arrebatarle la alcaldía por el hundimiento del PSOE (12,6%).

La crisis provocada por la marcha de Errejón -cofundador y número dos del partido hasta su derrota en la segunda Asamblea de Vistalegre II- se agravó a finales de enero -a cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales- con la dimisión del secretario general de la formación morada en Madrid, Ramón Espinar. Los politólogos han calificado la situación como la mayor crisis sufrida en Podemos.

Los frentes abiertos en Podemos se extienden a La Rioja, donde el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño ha estimado la demanda presentada por su diputado y portavoz parlamentario allí, Germán Cantabrana, presentada por excluirle de las Primarias.

El juez considera que se ha vulnerado “el derecho fundamental del demandante a la participación política en la vertiente de su derecho de sufragio pasivo sin causa que justifique tal vulneración”.

En la sentencia se declaran nulos los acuerdos de Podemos en los que se retiraba la candidatura del diputado Cantabrana para concurrir en el proceso de Primarias. Los dos acuerdos fueron dictados por el Comité Electoral de la Rioja y por la Comisión de Garantías Democráticas Estatal.

En el fallo se obliga a Podemos a “reintegrar al actor en su condición de elegible y su derecho al sufragio pasivo en referencia a las Primarias del partido para las elecciones autonómicas, efectuando cuantas actuaciones sean necesarias para la efectiva restitución de dicho derecho”.

El Juez considera que los motivos alegados por Podemos para impedir concurrir en las Primarias a Germán Cantabrana no son suficientes para invalidar la candidatura del diputado regional y portavoz parlamentario. Se alegaba, por parte de su partido, el impago de las cuotas correspondientes y un despido disciplinario por hechos graves en su relación profesional con trabajadores del Grupo Parlamentario de Podemos de La Rioja. Un despido disciplinario que fue anulado por el Juzgado de lo Social en una sentencia reciente.

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