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Más de 500 vehículos quedan atrapados en la AP-7

Mossos d'Esquadra

Los Mossos piden a través de tuits que se busquen alternativas circulatorias…

Por las protestas de independentistas a los que el Govern garantiza el «derecho a reunirse pacíficamente»

Los transportistas acusan directamente a Torra de colaborar con los violentos en los cortes de las carreteras

El Parlament aprueba ejercer el derecho a la autodeterminación a pesar  de las advertencias del Tribunal Constitucional

Decenas de independentistas han cortado una vez más la autopista AP-7, a la altura de Girona, después de que la policía francesa, fundamentalmente, y los Mossos d’Esquadra reabriesen el paso fronterizo de La Junquera que llevaba dos días colapsado.

Por culpa de esta nueva convocatoria de ‘Tsunami Democrátic’ contra la sentencia del Supremo contra el «golpe» del 1 de octubre en Cataluña, más de 500 vehículos han quedado atrapados esta madrugada en la AP-7.

Los mossos han comunicado a través de Twitter que desde que se ha iniciado el corte en la vía «hemos intentando mediar con los manifestantes con el objetivo de facilitar las tareas asistenciales pero se niegan a dialogar con nosotros».

Algo más tarde, a eso de las ocho de la mañana Tsunami Democràtic ha dado «el objetivo por alcanzado» en un tuit.

En medio de este caos que «gobiernan» los violentos Quim Torra ha garantizado el «derecho a manifestarse de forma pacífica». El presidente de la Generalitat «respeta» el corte en la frontera porque «este país defiende el derecho a la protesta». Torra ha reprochado a los empresarios de Foment del Treball que le pidan que termine con «el conflicto catalán» porque es a Pedro Sánchez a quien tienen que reclamarle esa responsabilidad.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torra afirmó que «le sabe mal» las repercusiones económicas del corte de la autopista pero «este país defiende el derecho a la protesta».

También a preguntas de los periodistas sobre el corte de la AP-7, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró ayer que el deber del Govern es «hacer compatible el derecho a la movilización con el resto de derechos».

«Debemos garantizar las manifestaciones siempre que sean cívicas, pacíficas y democráticas. Lo hemos garantizando en las movilizaciones del sector del taxi, del transporte, en el aeropuerto del Prat y muchas otras movilizaciones. Garantizamos el derecho de movilización de todos y no lo hacemos en función de las ideologías», afirmó Budó, que añadió que «lamentamos los daños colaterales que puedan haber causado las movilizaciones». «Pero como Gobierno tenemos que garantizar que la sociedad pueda manifestarse en contra de las sentencias injustas», remató.

El «compromiso» del Govern de Torra con los manifestantes es total. Hasta ha aprobado un plan de trabajo para que una comisión investigue los hechos ocurridos a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo. El objetivo es investigar, por un lado, si se han preservado los derechos y libertades de los «manifestantes» y, por otro, la actuación de los cuerpos de seguridad en Cataluña en los disturbios y actos vandálicos ocurridos.

La situación en Cataluña es imposible. El consejero de Interior, Miquel Buch, compareció ayer por la tarde en rueda de prensa para anunciar la reapertura de la AP-7 y la A-9 a la altura de La Junquera en ambos sentidos a partir de las 16:45 horas. Durante su comparecencia Buch alabó el trabajo de los Mossos que, «sin usar la fuerza, han ayudado a retirar los vehículos estacionados en la AP-7 durante una jornada sin incidentes remarcables en la que participación unas 3.000 personas».

Esta complicidad de las autoridades catalanas y los Mossos d’Esquadra con los violentos contrasta con la actuación de la Gendarmería francesa, que ayer detuvo a 18 de los manifestantes que cortaban el paso fronterizo de la Junquera impidiendo a más de 10.000 camioneros llevar sus mercancías al otro lado de los Pirineos.

Los mossos, mientras, sólo detuvieron a una persona que agredió a un agente y a un camionero que intentó pasar por encima de los violentos que le cortaban el paso en a N-II «por poner en riesgo a los manifestantes y no respetar las órdenes dadas por los Mossos».

La CEOE calcula que los últimos cortes provocados por los soberanistas violentos en las carreteras han causado ya pérdidas por valor de 25 millones de euros.

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