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Los profesores de la ESO denuncian el fraude en la Educación andaluza

Francisco Javier Imbroda

El actual consejero de Educación, Francisco Javier Imbroda, tiene muchísimo trabajo…

Piden que no se regale el aprobado en junio a los alumnos con suspensos

Acusan a la anterior Administración de «degradar el sistema educativo andaluz»

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha dirigido un escrito al Consejero de Educación, Javier Imbroda, y a la Inspección General de Educación pidiéndoles que no concedan en junio el título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) a los alumnos de 4º curso que tengan asignaturas suspensas.

Según parece, infinidad de alumnos de instituto andaluces con materias suspensas aprobaban la ESO en junio sin haber hecho los exámenes de septiembre.

Los profesores instan a los nuevos responsables políticos a que acaben con esta práctica que comenzó a usarse en 2009 y de manera más generalizada en el curso 2016/2017.

Como han denunciado reiteradamente, la anterior Consejería de Educación, acuciada por los malos resultados del sistema educativo andaluz, alteraba las estadísticas aumentando artificialmente las titulaciones en la ESO, aunque para ello tuviera que violar la legalidad acabando de facto con la prueba extraordinaria de septiembre.

Les importaba poco a los anteriores responsables de Educación de la Junta de Andalucía gobernada por Susana Díaz «forzar» el título en junio de alumnos con suspensos pasando por alto la obligación legal que tenían de presentarse a los exámenes de septiembre. Tampoco les importaba «falsear» las listas de espera en la Sanidad Pública.

Recuerdan los profesores que la educación andaluza tiene el dudoso honor de ocupar los últimos puestos en todos los rankings existentes, tanto a nivel del Estado español, como de la UE o en el ámbito propio de la OCDE (baste recordar que en las pruebas PISA, Andalucía ocupa, junto con Canarias y Extremadura, los últimos o penúltimos lugares). Y no son los problemas más graves que tienen

La APIA culpa de todo este desastre educativo, social y económico –Andalucía es una de las 10 regiones con más paro de la UE– a los servicios de Inspección de las distintas Delegaciones territoriales que contaron con la «inestimable» colaboración de muchos directores de institutos de Secundaria.

Lo curioso es que para eludir cualquier responsabilidad los servicios centrales de la Consejería de Educación nunca han dictado resolución o instrucción alguna en este sentido. Así, «en una una especie de poder paralelo y al margen de la ley» han contribuido a degradar aún más «el estado lamentable que viene mostrando el sistema público educativo en Andalucía desde hace ya varias décadas».

Por eso, APIA ha solicitado tanto al Consejero como al Inspector General el cese inmediato de estas prácticas (que no deben volver a reproducirse el 1 próximo junio), así como la apertura de la pertinente información reservada, al objeto de poder delimitar su origen, y depurar, en su caso, las responsabilidades en que pudieran haber incurrido sus directos responsables.

El agujero en Andalucía después de casi 40 años de gobiernos socialistas se mide en miles de millones de euros

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