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Los funcionarios tampoco obedecerán órdenes ilegales

CSIF

Los funcionarios deben obedecer las leyes estatales

CSIF rechaza el desafío jurídico del Parlament y prepara una reunión con los Mossos y una campaña informativa en colegios y centros de la Administración frente a órdenes ilegales

Se suman así a los jueces y fiscales, que se niegan a aplicar las «leyes de ruptura» [1]

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, lamenta el desafío jurídico planteado en el Parlament de Cataluña con la convocatoria del referéndum del próximo 1 de octubre [2].

CSIF –que esta tarde mantendrá una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- defiende la adhesión de los empleados públicos frente a la legalidad vigente. En este sentido, aplaude la posición de los funcionarios y letrados de la cámara catalana, que ayer se negaron a publicar la Ley del Referéndum y advirtieron de su ilegalidad.

La Central Sindical intensificará a lo largo de este mes una campaña informativa en centros educativos y de la Administración frente a las órdenes ilegales que emanen de la Generalitat. El sindicato ha editado un folleto dirigido al colectivo de empleados públicos en el que, de manera clara y sencilla, se ofrecen consejos para evitar las órdenes derivadas del referéndum.

El folleto, titulado ¿Cómo actuar ante una orden ilegal? informa sobre el protocolo diseñado para proteger a los empleados públicos con un modelo de preguntas-respuestas para resolver las dudas que está generando este proceso entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración.

«¿Cómo actuar ante una orden ilegal?; ¿Cómo identifico una orden manifiestamente ilegal?, ¿qué hago entonces?; ¿y si pese a ello (las cautelas planteadas por CSIF) mi jefe insiste en que la cumpla», son las cuestiones a las que se da respuesta en esta guía para cumplir con la legalidad.

Además, el sindicato mantendrá estos días una reunión con las organizaciones profesionales de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil para coordinar una respuesta frente a las órdenes ilegales derivadas del referéndum y del proceso independentista.