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Los funcionarios de Justicia denuncian una oscura maniobra de la Generalitat

CSIF

Los funcionarios están asustados

El Govern renuncia a plazas de funcionarios de cuerpos nacionales para mantener el control sobre los interinos

Muchos valoran cambiar su destino ante una declaración de independencia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado hoy al Congreso de los Diputados la situación de incertidumbre que viven los funcionarios ante la situación que se vive en Cataluña por el proceso independentista.

En la Comisión de Justicia del Congreso, el presidente de este sector de CSIF, Francisco Lama, ha narrado la preocupación de los funcionarios ante los últimos acontecimientos y una posible declaración de independencia.

Ante una virtual desconexión con el Estado Español, los funcionarios reclaman que el Ministerio de Justicia abra un período extraordinario en sus concursos de traslado pendientes, dado que muchos se plantean abandonar la comunidad autónoma sececionista.

En esta situación, CSIF reitera su posición en defensa del ordenamiento jurídico vigente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El sindicato velará por garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores y sabe que el Gobierno dará protección a todas aquellas empleadas y empleados públicos que reciban órdenes ilegales por parte de la Generalitat.

La maniobra de la Generalitat se basa en el hecho de que Cataluña es la comunidad autónoma que cuenta con uno de los índices más altos de temporalidad de toda España (por encima del 20%).

En este contexto, el Govern de Carles Puigdemont renunció el año pasado a 509 plazas para dar estabilidad a funcionarios y el sindicato tiene indicios de que este año tampoco optará a nuevas plazas, lo que les hace sospechar que la Generalitat prefiere tener empleados en precario bajo su gestión que funcionarios de cuerpos nacionales con plaza fija. Así puede influir más sobre ellos.

Para acabar con estas tretas, CSIF defiende desde hace años que toda la Administración de Justicia (tanto la propiamente dicha, como la administración de la administración de Justicia en palabras del Tribunal Constitucional) dependa en su integridad de un mismo organismo administrativo-judicial con un presupuesto propio.

«De esta manera se aseguraría su independencia y su funcionamiento homogéneo en todo el territorio nacional con la prestación de un servicio uniforme con garantías de igualdad en el acceso a la Justicia», afirma Lama.

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