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Los ERE falsos que no cesan salpican otra vez a la UGT

Carmen Castilla

Carmen Castilla es la actual secretaria general de UGT Andalucía

El juez acuerda continuar el procedimiento contra cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 6,3 millones a Yogures Andaluces

El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación

La semana pasada el sindicato UGT se vio una vez más implicado en este mega desfalco multimillonario de dinero público en Andalucía

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Yogures Andaluces (Yogan) por un importe de 6.379.142,48 euros.

Los investigados son el ex dirigente del sindicato UGT, Juan Lanzas, que en el momento de los hechos ocupaba el cargo de secretario general de la Federación Agroalimentaria sindical; el director general (Juan Carlos M. D.) y el director de Recursos Humanos (Eloy M. F.) de Yogan, y el consejero delegado de Corporación Alimentaria Peñasanta (Pedro A. C.) hoy denominada Capsa Food.

Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra Yogures Andaluces (actualmente Capsa Food), Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la UGT Andalucía.

El magistrado precisa que el objeto de esta pieza separada del caso ERE ‘lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a Yogures Andaluces sin sujeción al procedimiento legalmente establecido’, añadiendo que, ‘de manera ilícita y fraudulenta’, le fue concedida a dicha empresa una ayuda de 6.379.142,48 euros ‘para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio’.

El juez señala que ‘la financiación pública ilícita para la reestructuración de plantilla se habría obtenido y ejecutado mediante negociaciones particulares y privadas -al margen de cualquier base normativa y de publicidad, a espaldas del procedimiento legalmente establecido- entre altos cargos de la Administración, en concreto entre el titular de la Dirección General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero (quien habría de contar con el beneplácito de sus superiores, el viceconsejero y el consejero de Empleo)’ y los cuatro investigados en esta pieza separada del caso, ‘conviniéndose así entre ellos, y por su sola voluntad, la obtención de estas ayudas públicas otorgadas -para financiar las correspondientes indemnizaciones por despido- al margen de cualquier mínima forma de legalidad’.

El juez destaca el papel del ‘conseguidor’, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT entre 1997 y 2002, Juan Lanzas, quien, como intermediario en la consultora de previsión social Vitalia, fomentó activamente la concesión y pago de las ayudas ilegales a sabiendas de su ilegalidad, en la Consejería de Empleo’. Así, y con el objetivo de ‘obtener fondos con los que financiar el reajuste de la plantilla de trabajadores de Yogan’, los tres directivos de la empresa ‘se habrían valido de la intervención’ del ‘conseguidor’.

El instructor destaca ‘el especial papel’ que este ex dirigente sindical habría tenido en el caso ERE, pues ‘habría venido prestando servicios de mediación al objeto de posibilitar ayudas públicas y pólizas de renta colectiva financiadas injustificada y discrecionalmente por la Consejería de Empleo con motivo de prejubilaciones laborales en el marco de procesos de reestructuración empresarial, obteniendo por ello elevadas gratificaciones -por su labor como conseguidor- procedentes de las sobrecomisiones (superiores en algunos casos a un 150% de la media del mercado) que, a su vez, venían a cobrar los mediadores, como los del Grupo Vitalia; colaborando asimismo en la inclusión como beneficiarios de las pólizas de personas afines (los denominados intrusos)’.

Al hilo de ello, el magistrado resalta que, ‘para dar ficticia cobertura legal a estas dádivas’, este exdirigente sindical ‘utilizó testaferros’ y creó y controló, con ayuda de terceras personas, un entramado societario y mercantil para encubrir el origen ilícito de los fondos así como su real destinatario y reintroducir en el circuito financiero -y en el sistema económico legal- las ganancias obtenidas, empleando para ello además, en muchas ocasiones, facturación ficticia que no respondía a una legítima entrega de bienes o a una efectiva prestación de servicios’.

En el auto, el juez considera que, de lo actuado, se deduce que las ayudas concedidas a Yogures Andaluces ‘carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad’, a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo ‘sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (…), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos’.

El juez añade que, en este caso, ‘las correspondientes ayudas se concedieron sin solicitud formal de las mismas por parte del beneficiario -en legal forma-, sin resolución motivada de concesión, y sin indicación de los requisitos que habrían de exigirse para la obtención y justificación del fin y destino de las ayudas’. ‘No consta que se haya formulado solicitud formalmente válida, previa a la resolución de concesión de la ayuda, lo que desvirtúa por completo el carácter del procedimiento y resulta completamente imprescindible a la hora de conceder una subvención excepcional’, asevera.

Por todo ello en su auto, fechado el día 1 de octubre y que puede leer aquí, el magistrado decide continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas ‘por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos’ de presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos’.

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