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Víctimas de ETA cuentan a la UE la verdad del ‘caso Alsasua’

Alde Hemendik!

La flecha sinuosa recuerda a la serpiente de ETA

Piden al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que no se deje engañar por los “montajes” de la izquierda abertzale en torno a las víctimas de la agresión de Alsasua

La defensa de los acusados habla de vulneración de derechos por parte del tribunal

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha enviado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una carta en la que desmonta el “relato” que la izquierda abertzale ha hecho sobre el “caso Alsasua”.

En octubre del pasado año varios radicales de la organización Ospa Mugimendua dieron una paliza a dos guardias civiles y a sus novias en la localidad navarra de Alsasua.

Los hechos están siendo juzgados por la Audiencia Nacional como delitos de terrorismo.

La misiva, firmada por la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, responde a un escrito en el que el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, responde a eurodiputados del PNV, EHBildu, IU y Podemos, en el que afirma que la Comisión sigue el caso “con interés” y actuará como “guardiana de los Tratados”.

COVITE, que interpuso ante la Audiencia Nacional la denuncia por delitos de terrorismo y de odio contra los agresores, pretende que tanto la versión de las víctimas sobre lo ocurrido como los argumentos de su denuncia “lleguen a las más altas instancias de la Unión Europea para frenar la manipulación que la izquierda abertzale, amparada en otras fuerzas políticas (Podemos), están haciendo del caso”.

En la carta, COVITE desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de los radicales. Recuerda que la organización a la que pertenecen, Ospa Mugimedua, fue creada al amparo de la campaña de ETA Alde Hemendik! (Fuera de aquí), que persigue la expulsión de las Fuerzas de Seguridad de Navarra y el País Vasco.

El Colectivo detalla en su carta las estrategias de hostigamiento y presión contra los agentes que usan los abertzales y que van desde atentados contra sus hogares hasta su caracterización como “agentes torturadores”.

Las víctimas del terrorismo etarra se refieren también a las acusaciones de “montaje policial-judicial” vertidas por los “batasunos” y recuerda que la propia Ospa afirmó en un comunicado que los guardias civiles fueron “increpados”. Además, hace referencia a las manifestaciones que han sido convocadas en apoyo a los agresores.

También relata los insultos que recibieron cuatro víctimas de COVITE que acudieron a Alsasua con pancartas pidiendo que se desterrara el odio del pueblo. Como respuesta, los manifestantes les espetaron gritos como “¡Fascistas!”, “¡Aquí no pintáis nada!”, “¡Asquerosos!” o “¡Fuera de aquí!”.

En ese contexto, COVITE menciona las campañas de odio contra las Fuerzas de Seguridad, el señalamiento de los lugares donde se practican controles de tráfico, la difusión de mensajes incitando al odio y la utilización de niños en la celebración del Ospa Eguna (Día de la Huida).

Los damnificados por los atentados de la banda terrorista ETA incluyen imágenes en las que se ve a niños entrando en atracciones donde cuelgan carteles de perros ataviados con un tricornio de la Guardia Civil. También adjuntan declaraciones de los padres de una de las chicas agredidas: “Los problemas empezaron desde que mi hija empezó a relacionarse con un guardia civil de Alsasua. Esto es insoportable. Tememos por nuestra integridad física y hemos restringido al máximo nuestras salidas”, relatan.

Por último, COVITE se hace eco de las acusaciones de “desproporcionalidad” con las que los partidarios de los agresores han calificado las penas solicitada para ellos. El Colectivo afirma que el Código Penal español es “uno de los más benignos y garantistas de Europa” y explica que, incluso en el caso de que los agresores no fueran acusados de terrorismo, sino de delitos de odio, atentado contra la autoridad, lesiones y amenazas, la petición de penas “sería similar”.

Para terminar, COVITE pide a Juncker que la Comisión “transmita su cercanía y apoyo a las víctimas, que además de las secuelas, siguen padeciendo señalamiento y acoso, y continúan desatendidas por autoridades e instituciones nacionalistas, volcadas en dar voz a los agresores y a su entorno”.

Puede leer aquí la carta enviada a Juncker por las víctimas de ETA

Desde el despacho de abogados Manuel Ollé, critican este martes que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por auto de 27 de octubre de 2017, haya denegado, para su práctica en el acto del juicio oral que se celebrará en los próximos meses, la mayor parte de las pruebas solicitadas por las defensas de los acusados, tres de los cuales continúan en prisión preventiva.

En este sentido reprochan que el referido auto admite la práctica totalidad de las pruebas testificales, periciales y documentales interesadas por el Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones personadas. Sin embargo, inadmite pruebas “imprescindibles, pertinentes y necesarias” para la defensa de los acusados, para los que se solicita una pena total para todos de 375 años de privación de libertad, sumiéndoles en la más absoluta indefensión, “al vetarles la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías”.

Para la defensa de los acusados “la calificación jurídica de los hechos (terrorismo), la desproporcionalidad de las penas privativas de libertad interesadas por las acusaciones y la precipitada conclusión del sumario por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, denegando también todas las diligencias de investigación interesadas por las defensas, son un ejemplo de la situación de indefensión que sufrieron los acusados desde la incoación del procedimiento y seguirán padeciendo en el juicio oral”.

En este escenario, insisten, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías que ampara la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Argumentan que la acusación del Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones se basa en una hipotética vinculación del movimiento denominado Alde Hemendik (Fuera de Aquí) con reivindicaciones de ETA cuyo origen se remontaría a 1976, año en el que ninguno de los acusados había nacido. Esa campaña tendría como epicentro de su reivindicación el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) y las Fuerzas Armadas en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco.

Las acusaciones, sirviéndose de un “informe de inteligencia” de la propia Guardia Civil, trasladan esta supuesta vinculación a un conflicto ocurrido en un bar de Alsasua sobre las 5 de la madrugada del día 15 de octubre de 2016, día de ferias, y califican los hechos como delitos de terrorismo al ostentar dos de los denunciantes la condición de agentes de dicho cuerpo.

Añaden desde este despacho de abogados que a las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación. “Se ha denegado la declaración de testigos pertenecientes a diferentes movimientos de los que, a lo largo del tiempo, han venido propugnando la salida de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco o de Navarra. Se han ignorado diferentes resoluciones absolutorias dictadas por distintos tribunales, en las que -después de juzgar a personas que han sostenido reivindicaciones semejantes o han convocado actos como el OSPA EGUNA- se han enmarcado esos actos en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, impidiendo a las defensas su aportación al proceso. También se ha impedido la práctica de un informe pericial histórico que permitiría explicar el origen real de ALDE HEMENDIK, su nacimiento y evolución ajenos a ETA”.

Igualmente se inadmiten vídeos grabados en el propio bar en el que ocurrieron los presuntos hechos y sus alrededores, fotografías y planos del local, mapas de Alsasua extraídos de Google Maps y vídeos grabados por uno de los acusados la noche de los hechos, porque, a decir de la Sala, al haberlos aportado las defensas, “no cuentan con garantías”.

Por el contrario, a las acusaciones se les ha permitido aportar vídeos procedentes de internet y fotografías tomadas por ellos, algunas de fecha posterior a los hechos del 15 de octubre de 2016, respecto de los que la Sala no cuestiona esas “garantías”. La vulneración al principio de igualdad de partes en relación al derecho de defensa y a un proceso justo no admite dudas, advierten.

El tribunal -siguen- ha imposibilitado también la prueba de audición de entrevistas radiofónicas a los denunciantes en las que éstos ofrecían detalles contradictorios respecto de los relatados en sus declaraciones sumariales.

Asimismo, afean que se impida a las defensas la aportación de un informe pericial que cuestiona la mecánica de las ruedas de reconocimiento en fase de instrucción, cuando se produjo la identificación, por parte de las supuestas víctimas, de los jóvenes de Alsasua que en ese momento se hallaban privados de libertad. Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades, nacionalidades y etnias, de los cuales ninguno era de Alsasua, previamente trasladados desde las prisiones de Soto del Real y Alcalá-Meco.

Por último, no se admite la declaración de muchos de los testigos propuestos por las defensas, entre los que se encuentran personas que acompañaban a los acusados en el momento de los hechos y que podrían corroborar todos los extremos sucedidos en el interior y exterior del bar. Por el contrario, sí se han admitido todos los testigos de las acusaciones.

Terminan señalando que el auto de 27 de octubre de 2017 es irrecurrible, y las defensas, en este momento procesal, sólo pueden -y así lo han hecho- formular protesta por escrito contra la referida inadmisión de prueba, a efectos de un ulterior recurso contra la correspondiente sentencia que se dicte en su día.

En definitiva, insisten en que el tribunal está vulnerando los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa, amparados en el artículo 24 de la Constitución, así como del derecho a un juicio justo, recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y quebrando la necesaria apariencia de imparcialidad que debe presidir las actuaciones del tribunal sentenciador, que igualmente incide en el derecho a un proceso con todas las garantías que consagra el artículo 24.2 de la Constitución y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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