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La Xunta puede limitar el derecho de reunión ‘por salud pública’

Vacuna covid-19

La Justicia gallega está ratificando todas las medidas del Gobierno de Núñez Feijóo

El TSJG entiende que las medidas ‘cumplen las exigencias de ser idóneas, necesarias y proporcionadas’

Los magistrados advierten que los datos revelan ‘la evolución negativa de la situación epidemiológica y sanitaria’

Además, se niegan a suspender de forma cautelarísima la obligación de presentar el certificado COVID-19 para entrar a establecimientos hosteleros y locales

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha autorizado al Gobierno de la Xunta a limitar el derecho fundamental de reunión para hacer frente a la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en Galicia.

En concreto, el tribunal ha autorizado limitar las reuniones en interiores hasta un máximo de seis personas y, en exteriores, a diez, tanto en espacios públicos como privados de los 313 municipios gallegos, así como la prohibición de encuentros con no convivientes entre las tres y las seis de la madrugada para la mayoría de ayuntamientos y, entre la una y las seis, para los que se encuentran en una peor situación epidemiológica.

La Sala considera que las medidas propuestas el 4 de agosto por el gobierno de Alberto Núñez Feijóo ‘cumplen las exigencias de ser idóneas, necesarias y proporcionadas’ pues ‘responden a una situación clara de incremento del virus y no tienen un impacto significativo en el derecho de reunión, más necesitado de control en el horario nocturno, frecuentado en mayor medida por los jóvenes, más proclives al contacto social’.

Los magistrados aseguran en el auto que lo relevante es ‘examinar los informes técnicos que amparan las limitaciones propuestas sobre la base de la evolución negativa de la situación epidemiológica y sanitaria en la comunidad autónoma de Galicia, detectada en el informe de la Dirección General de Salud Pública de 4 de agosto, lo que revela un preocupante incremento en la transmisión de la infección’.

Los estudios que constan en ese informe revelan que entre el 20 y el 26 de julio se realizaron 82.981 pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 (52.501 PCR y 30.480 test de antígenos), con un porcentaje de positividad a siete días del 12,51 %, lo que implica un aumento del 16 % con respecto a las realizadas entre el 13 y 19 de julio, que era del 7,59 %. Por otra parte, reflejan que la incidencia acumulada a 7 y 14 días es de 294 y 628 casos por 100.000 habitantes, respectivamente, valores inferiores (-12 %) a 7 días y superiores (+4,3 %) a 14, respecto a los observados hace una semana, cuando eran de 334 e 602 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. Además, muestra que todas las áreas presentan tasas a 14 días con valores superiores a los 450 casos por 100.000 habitantes.

Por otra parte, la tasa de pacientes COVID-19 en hospitalización de agudos es de 8,7 ingresados por 100.000 habitantes, con un aumento del 43,8 % respecto a hace una semana.

‘La exposición de motivos de la orden que se somete a autorización pone de manifiesto la evolución negativa de la situación epidemiológica y sanitaria en la comunidad autónoma de Galicia, lo que se ampara en unos informes técnicos, de modo que bien se comprende que se está en presencia de unas medidas que tienen como propósito defender la salud pública malograda por la pandemia causada por el Covid-19’, subraya el TSJG en el auto, contra el que cabe presentar recurso.

Además, el alto tribunal gallego se niega a suspender de forma cautelarísima la obligación de presentar el certificado COVID-19 emitido por el servicio público de salud o laboratorio oficial para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno como pedía una asociación de empresarios de Lugo. Los jueces no aprecian las razones de especial urgencia que alegaban.

El alto tribunal gallego destaca que, en todas las medidas adoptadas por la Xunta, incluidas las que son objeto de impugnación, ‘subyace el interés en evitar la aglomeración de personas, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento y, en definitiva, de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisiones existentes, procurando garantizar su contención’.

En cambio, el viernes pasado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, con sede en Granada, denegó la ratificación de limitar el acceso al interior de los establecimientos de hostelería con música a aquellas personas que puedan acreditar estar en posesión del certificado COVID o acreditación de PCR o test de antígenos negativo en las últimas 72 horas.

Según el tribunal andaluz la medida ‘no es idónea ni proporcionada para la consecución del fin que se pretende, esto es, la protección de la vida, salud e integridad física, en la medida en que lejos de evitar los contagios en el interior de los locales de ocio puede posibilitarlos, razón por la cual no puede ser ratificada por esta Sala’.

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