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La violencia machista pudre los colegios andaluces

APIA

Ejemplos de lo que oyen los profesores a diario en clase

Un estudio revela que las profesoras son las principales víctimas de este tipo de comportamientos, protagonizados en su mayoría tanto por alumnos varones como por sus progenitores

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) denuncia este miércoles el aumento “innegable” de la violencia en las aulas.

Relatan que sólo en lo que “llevamos de año hemos podido ver como se le ha quemado el coche a una compañera de un colegio de Algeciras, una agresión a un docente en Lebrija (Sevilla), o el terror sembrado en una clase de primero de la ESO y las correspondientes amenazas a una profesora en otro centro de la localidad sevillana de La Rinconada”.

El sindicato denuncia, basándose en los datos de una investigación realizada por B2 Consultores Marketing Estratégico, que los datos esconden una realidad aún más dura: muchas profesoras no denuncian por miedo o vergüenza, como ocurre en otros tantos casos de violencia machista, porque son precisamente los alumnos varones los que las acosan, insultan, amenazan e incluso pegan.

Y mientras, la Administración andaluza “no toma cartas en el asunto, opta por el silencio o trata de calmar los ánimos hasta que el problema se olvida en el tiempo”.

La mayoría de las agresiones que viven las docentes son de carácter verbal, si bien, muchas veces se combinan la violencia física y la verbal. Más del 50% de los varones señala que ha tenido compañeras que han sido agredidas verbalmente, frente al casi el 63% de las mismas profesoras que señalan que han sido víctimas de las mismas. Así, de entre las profesoras, un elevadísimo 84% de las encuestadas ha experimentado alguna agresión, el 19 % de las cuales ha sido física y verbal simultáneamente. Entre ellas, a su vez, tienen constancia de agresiones a otras compañeras el 76% de ellas.

Estos datos escalofriantes (obtenidos de una encuesta anónima enviada a casi un millar de profesionales en activo en institutos de Secundaria de toda Andalucía) evidencian que la violencia de género es intrínseca al ejercicio de la profesión docente en Andalucía y no una anomalía localizada.

Los agresores suelen ser en su mayoría los alumnos varones en primer lugar; en segundo, los alumnos y alumnas y sus progenitores, seguidos, en tercer lugar por las alumnas en solitario. De hecho, entre el profesorado (hombres y mujeres), nueve de cada diez encuestados tiene constancia de alguna agresión a alguna compañera; un 14% de agresores fueron padres/madres y un 5% alumnas, lo que pone de manifiesto que el fenómeno de la violencia contra las profesoras no es exclusivamente masculino pues una proporción no desdeñable de mujeres -alumnas o madres- también les han ocasionado agresiones físicas y verbales.

Buena parte de los insultos que padecen las docentes tienen un marcado carácter sexista (‘puta’ es el más repetido seguido de ‘hija de puta’) y otros que evidencian una notable violencia de carácter sexual, seguidos de otros con clara alusión a lo personal.

APIA alerta de que los insultos son sólo el preludio de las amenazas y las agresiones físicas que llegan más tarde. Y hay un aspecto que hace más sangrante, si cabe, lo que sufren cada día las profesoras en Andalucía: muchos de estos hechos tienen eco en las redes sociales, lo que agrava la situación.

El sindicato de profesores de Secundaria explica que mientras la víctima recibe apoyo por parte de sus compañeros la Administración hace oídos sordos. Los docentes reprochan “el frecuente distanciamiento o abierta indiferencia de los directivos del centro y la nula empatía mostrada siempre por el resto de la administración educativa (Delegación Territorial, Consejería de Educación)”. Por descontado, alumnos, padres y AMPAs ni se inmutan. Algo que también pasa en la denominada violencia doméstica.

Lo más que se hace es expulsar del colegio unos días a los agresores. Pero en muchos casos ni el director del colegio ni la Administración toman medidas serias al respecto. Y por si esto fuera poco, “este silencio va acompañado a veces de intentos de minimizar u ocultar esta violencia contra las mujeres, para lo cual no se escatiman presiones y amenazas veladas hacia la víctima si ésta tiene el propósito de poner una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil”, denuncia APIA.

Las secuelas que sufren las profesoras víctimas de estas agresiones son variadas y van desde el temor y la inseguridad o frustración en el trabajo al sentimiento de culpa, estrés, depresión, pesadillas, síndrome del burnout y en casos límite tras tratamientos infructuosos, el abandono de la docencia.

En definitiva, “nos encontramos ante uno de los más escandalosos modelos de violencia de género actuales”, insisten desde el sindicato de profesores, que considera que “lo más alarmante es que esta violencia contra las mujeres haya pasado a formar parte del paisaje de los institutos públicos andaluces porque nuestra administración educativa lo ha considerado y tolerado como un mal menor”.

Ante tanta desidia, APIA considera indispensable y urgente “combatir desde su raíz esta forma de violencia contra las mujeres, impensable en un país democrático y avanzado”. Y dirigiéndose a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y a las fuerzas políticas con representación en el Parlamento andaluz, exigen:

– Reelaborar el Decreto 327/2010 endureciendo las sanciones relacionadas con las agresiones a las profesoras.

– Publicar de una vez por todas de la Ley de Autoridad del Profesorado en Andalucía.

– Establecer de forma inmediata planes de actuación eficaces en los centros educativos frente a esta violencia de género. El actual Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente (Orden 20 de junio 2011 para la promoción de la convivencia en los centros públicos andaluces) se ha quedado anticuado -amén de no haberse llevado, que nos conste, nunca a la práctica con todas sus consecuencias- y es preciso actualizarlo contemplando tratamientos específicos para las agresiones a las profesoras.

– Establecer ya protocolos de actuación en las Delegaciones Territoriales que competan al propio Delegado y a la Inspección educativa, estableciendo un contacto medible y verificable con los centros y las propias profesoras agredidas, y facilitar asistencia jurídica y psicológica a las agredidas, en una unidad especial dentro de la Inspección educativa para atender estos casos, así como la creación de un censo público de agresiones a profesoras en el ámbito de cada Delegación territorial.

Los profesores “saben” que sólo así se podrá desterrar “esta auténtica vergüenza hasta ahora encubierta en los centros de secundaria públicos andaluces”. Y terminan señalando que “todo intento de minimizar o relativizar ésta y cualquier violencia de género sólo contribuirá de manera cómplice a perpetuarla”.

Hay algo más. Y no menos importante. Cuando no son los profesores los que sufren la violencia en los colegios son los niños. Según un estudio sobre bullying y ciberbullying realizado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña el acoso escolar entre niños ha aumentado un 240% en los últimos años.

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