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La Oficina contra el Fraude del Ayuntamiento de Madrid es ilegal

Madrid

Es fruto del acuerdo entre Ahora Madrid y el PSOE

Vulnera 10 artículos de 6 leyes, así como otros 5 de la Constitución Española

El portavoz de Participación Ciudadana del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano, denuncia su «objetivo y carácter político»

La Delegación del Gobierno en Madrid recurrirá ante la jurisdicción contenciosa-administrativa (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción.

Según un informe de la Abogacía del Estado la creación de esta Oficina vulneraría varios artículos de hasta 6 leyes – de Procedimiento Administrativo Común; de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015; el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, así como la de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y la de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 1984-, así como otros 5 de la Constitución Española (CE).

En lo referente a las funciones atribuidas a la Oficina planteada por el ejecutivo de Manuela Carmena, el artículo 4 del Reglamento establece que estamos ante auténticas funciones de investigación y comprobación que por su propia naturaleza suponen el ejercicio de una potestad imperativa.

Estas funciones de inspección y comprobación, que pueden efectuarse mediante requerimientos, visitas de inspección o entrevistas personales, afectan al ámbito de las competencias de órganos municipales (Intervención General e Inspección General de Servicios) a los que conforme a la ley les corresponde la inspección, supervisión o control de la actividad municipal.

Por tanto, estaríamos ante un órgano que duplicaría las funciones de los órganos de control legalmente previstos y que además invadiría el ámbito competencial de éstos, puesto que se permite que la Oficina actúe cuando además de existir una responsabilidad disciplinaria del personal municipal se presuma que adicionalmente también existe una responsabilidad penal o política.

Bastaría que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción considere que existe una responsabilidad penal/política además de la puramente disciplinaria para que continúe sus actuaciones de investigación y de inspección con respecto al personal municipal.

Además, esta Oficina podría invadir la competencia de los órganos encargados de investigar una responsabilidad penal (juez, fiscal o policía judicial) hasta que no se tuviera conocimiento por parte de ésta de la existencia de una investigación judicial.

Por lo que se refiere a su composición, en el Reglamento Orgánico no se exige que el Director y los vocales que integran el Consejo Asesor o el personal al servicio de la Oficina tengan la condición de funcionario de carrera, contraviniendo de esta forma lo establecido en La Ley de Bases de Régimen Local (artículo 92.3) y en el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 9.2) que atribuyen en exclusiva a los funcionarios de carrera el ejercicio de las funciones que impliquen el desarrollo de potestades públicas o el ejercicio de autoridad.

Las funciones de inspección y comprobación atribuidas a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción en relación con la actuación municipal se enmarcan dentro de las potestades públicas que conforme a la normativa sólo pueden ser desempeñadas por los funcionarios de carrera.

Asimismo, por lo que hace referencia a la figura del Director, los criterios fijados por los candidatos son indeterminados sin que respondan a los principios de mérito y capacidad exigidos por el art. 103.3. CE.

Por último, señalan desde la Delegación del Gobierno que con este recurso presentado contra el Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, la Delegación del Gobierno en Madrid quiere defender los derechos del personal municipal del Ayuntamiento de Madrid, que sería sometido a un control de su actividad que no cumple con las previsiones recogidas en ley y que en este sentido supone una vulneración de sus derechos en comparación con el personal al servicio en las administraciones públicas.

El portavoz de Participación Ciudadana del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano, ha mostrado su alegría por el recurso del Gobierno, que se sumará al ya interpuesto por el propio PP ante el Contencioso Administrativo.

En opinión del concejal popular, el organismo se basa en un «reglamento ilegal, porque vulnera no sólo leyes, sino también derechos constitucionales de los funcionarios, en particular, y de los empleados públicos, en general».

Manglano ha insistido en el carácter y «objetivo político» de la Oficina Antifraude. «El Gobierno de Ahora Madrid quiere que la Oficina Antifraude esté sujeta a los intereses políticos del Gobierno de Carmena y sus aliados del Partido Socialista».

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