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La Mesa de Parlament admite la delegación del voto de Comín

Parlament

Momento de la última reunión de la Mesa del Parlament

La investidura a distancia de Carles Puigdemont cobra fuerza

La Mesa del Parlamento de Cataluña ha acordado hoy que el diputado Antoni Comín, huido en Bélgica, pueda delegar el voto en el portavoz de su grupo, Sergi Sabrià.

El ex conseller y diputado de ERC trasladó ayer a la Mesa una petición para delegar su voto, lo que allana el camino para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat sin que sea necesario el apoyo de la CUP.

El voto delegado de Comín, junto con el de Carles Puigdemont, permitirá al bloque independentista sumar los votos necesarios para elegir un nuevo presidente de la Generalitat en segunda votación si los cuatro diputados de la CUP se abstienen.

Junts per Catalunya y ERC fuerzan así la investidura a distancia de Carles Puigdemont. Los independentistas tienen hasta el 22 de mayo para evitar una nueva convocatoria electoral. Si ese día no hay nuevo presidente de la Generalitat el Parlament quedará disuelto. Para evitar esta situación, los partidos soberanistas quieren aprobar una nueva ley de la Presidencia que permita votar a Puigdemont a distancia.

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha rechazado que «dos fugados de la Justicia –Carles Puigdemont y Antoni Comín-, que se saltaron las leyes y llevan meses cobrando el sueldo de todos los catalanes sin venir a trabajar,» puedan delegar su voto.

La portavoz del partido naranja ha pedido, durante una rueda de prensa en la Cámara catalana, al Gobierno de España que «reaccione» y presente un recurso ante la Justicia por algo que considera «intolerable». Arrimadas continúa la línea marcada por el portavoz nacional de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, quien esta mañana ha acusado al Gobierno de España de «proteger» a Carles Puigdemont.

Esta grave acusación ha sido rechazada por la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, quien ha pedido a los naranjas que «moderen su lenguaje» porque «en política no todo vale con tal de atacar sin razón al Ejecutivo».

Levy ha recordado a Gutiérrez que «deben de tener claro que los adversarios son los independentistas, que han ido contra la democracia y el Estado de Derecho». La dirigente popular ha advertido a la formación de Albert Rivera de que «ejercer la estrategia de la mentira significa caer en el peor de los populismos».

«Ciudadanos no puede equivocarse de adversario. PP, PSOE y Cs hemos actuado de manera conjunta contra los ataques de los independentistas. Esa unidad nos ha hecho más fuertes y ha debilitado a los independentistas. Por el contrario, esta estrategia que ha iniciado Ciudadanos de ir contra el Gobierno de España es un favor a los independentistas, dividiéndonos y haciéndonos más débiles. No entendemos este razonamiento», ha afirmado Levy.

Por ahora, el Partido Popular de Cataluña (PPC) está estudiando presentar un recurso sobre la delegación de voto de Comín, cuyo contenido darán a conocer en los próximos días.

El argumento del PPC se basa en que Comín ha alegado para pedir la delegación de su voto que su «situación actual» le «impide» asistir a los plenos. Pero, como indican los populares, el ex conseller no está en la misma situación que, por ejemplo, Jordi Sánchez, a quien la Justicia permite delegar su voto. Al contrario, señalan desde el PPC, sobre Comín no pesa «una declaración judicial de incapacidad legal prolongada» que reconozca su incapacidad de cumplir con el deber de asistir a los debates y a las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña.

En este sentido, el grupo de Albiol recuerda el informe elaborado por los Servicios Jurídicos del Parlament con fecha de 15 de diciembre de 2017, así como el auto dictado por el magistrado instructor del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2018 de los que se desprende que la delegación de voto debe considerarse sólo referida a los diputados que se encuentran en situación de prisión provisional para los que el magistrado instructor ha declarado la incapacidad permanente.

Además, vulnera también, de forma evidente, el contenido y los efectos del auto del Tribunal Constitucional del 27 de enero de 2018 relativo a la impugnación de la candidatura de Carlos Puigdemont a la presidencia de la Generalitat presentada por el Gobierno de España.

De forma clara y taxativa, el Constitucional acordó no permitir la delegación del voto de los diputados, como Comín Olivares, sobre los que pese una orden de busca y captura e ingreso en prisión.

Pase lo que pase en el plano legal o judicial, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament regional han acordado celebrar un nuevo pleno el jueves 3 de mayo. Junts per Catalunya y ERC podrían incluir en el orden del día con el apoyo de la CUP la modificación de la ley de la Presidencia, lo que permitiría votar a Puigdemont a distancia, algo que el Gobierno de España ya está estudiando como ha advertido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante una rueda de prensa ofrecida desde La Moncloa.

Preguntado por la decisión tomada por la Mesa del Parlament, el presidente ha señalado que el Gobierno estudiará «todas las acciones legales» para evitar que se contravenga la legislación vigente. «Pero lo más importante -ha añadido- no es el señor Comín, sino que se recupere la cordura y la normalidad, la política, la económica y la social».

Mariano Rajoy ha subrayado que «Cataluña necesita ya un gobierno que sea legal y tenga la capacidad y la voluntad de dialogar con todos» y ha reiterado su disposición a ese diálogo, «siempre que se produzca dentro del marco de la ley».

Respecto al posible uso de fondos públicos para financiar el 1-O en Cataluña, el presidente ha recordado que el Gobierno logró que en los presupuestos catalanes no hubiera partidas dedicadas a ese objetivo al recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Ahora los jueces, ha explicado, están intentando determinar si las facturas se han falseado, encubren servicios distintos a los que figuraban en el Presupuesto o simplemente no han pasado por la Intervención. «Pero esa ya es una labor de los jueces, el Gobierno ya ha cumplido la suya», ha dicho Rajoy, quien ha asegurado que la colaboración del Ejecutivo con los tribunales «ha sido, es y será total y absoluta». También ha rechazado «discrepancias» entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ya que «cada uno en su ámbito ha velado por el cumplimiento de la ley».

La «batalla judicial» es amplia y enredada. El máximo órgano de gobierno de la Cámara catalana ha confirmado también hoy, a pesar de la oposición de Ciudadanos (Cs) y del Partido Popular de Cataluña en la Junta de Portavoces, la decisión de la Cámara de emprender acciones penales contra los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo «que han impedido el normal funcionamiento del Parlamento en el proceso de investidura del presidente de la Generalitat».

Mientras, en Cataluña nueve profesores han sido denunciados por humillar en clase a hijos de guardias civiles que formaron parte del operativo policial para impedir el «referéndum ilegal» y los sindicatos participan en las manifestaciones independentistas

El Parlamento Europeo enviará una carta a las autoridades catalanas para recordarles que deben respetar el 25% de las clases en castellano.

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