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Gran parte de los colegios están cerrados a las votaciones

GC

Interior ha intervenido decenas de dominios pro referéndum

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comprueban que la mayor parte de los locales o edificios públicos que iban a ser usados ilegítimamente por la Generalitat de Cataluña para albergar votaciones están cerrados

En algunos de los locales o edificios ocupados se está utilizando tanto a menores de edad como a ancianos con la única finalidad de intentar impedir una posible actuación policial

Educación advierte a los directores de los colegios catalanes que son los responsables de lo que allí ocurra [1]

A lo largo del día de hoy, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado un dispositivo en la Comunidad Autónoma de Cataluña para dar cumplimiento al auto dictado por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [2], que ordena mantener cerrados todos los colegios públicos el 1 de octubre.

Los Mossos d’Esquadra han comprobado si los locales o edificios públicos que la Generalitat de Cataluña ha designado como supuestos lugares de votación están cerrados o, por el contrario, están siendo ocupados y utilizados de manera ilegítima por simpatizantes de las organizaciones que apoyan la independencia unilateral de Cataluña.

Los agentes han podido comprobar, según fuentes del Ministerio del Interior, que una gran parte de esos locales o edificios públicos permanecen cerrados -«como era de esperar»- y solamente en algunos de ellos, se han empezado a concentrar personas en su interior para ocuparlos con la única finalidad de dificultar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la obligación de impedir su utilización para la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

De hecho, desde el departamento de Juan Ignacio Zoido, resaltan que «resulta muy significativo que en algunas de estas ocupaciones se está utilizando tanto a menores de edad como a ancianos con la única finalidad de intentar impedir una posible actuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En este sentido, reprochan que el uso de personas vulnerables demuestra la irresponsabilidad tanto de los dirigentes de la Generalitat como de las organizaciones a favor de la independencia que están impulsando y apoyando estas ocupaciones.

A pesar de estos obstáculos, el Ministerio del Interior espera que la labor de los Mossos d’Esquadra, encomendada por la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pueda realizarse y se desalojen y precinten los colegios ocupados, tal y como aparece en la orden de la citada juez.

Según una nota emitida por la Delegación del Gobierno en Cataluña, los Mossos d’Esquadra se han personado hasta ahora en 1.300 colegios designados como centros de votación para el 1-O, de los que sólo 163 están ocupados por personas que han organizado actividades para evitar que la policía impida su uso, como ha ordenado un juez. Ello supone que poco más del 12% por ciento de los centros a los que ha acudido la policía catalana están ocupados. La Generalitat anunció que se habían previsto 2.315 colegios y 6.249 mesas electorales en toda Cataluña para ejercer el derecho al voto. Los Mossos han comunicado a los ocupantes de los colegios que debían desalojar las instalaciones antes de las 6:00 horas de hoy. Por ahora, la policía catalana no ha llevado a cabo ningún desalojo ni ha requisado material relacionado con la votación, como urnas, papeletas o listas de censo, en el interior de colegios, institutos y otros puntos para votar. En los centros ocupados se han programado actividades lúdicas para tratar de mantener las puertas abiertas hasta la celebración de la consulta de este domingo.

Por otro lado, y en cumplimiento del requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de bloquear y suspender los servicios informáticos susceptibles de ser utilizados en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, la Guardia Civil ha accedido al Centre de Telecomunicaciones i Tecnología de la Información (CTTI) para paralizar cualquier sistema con el que la Generalitat pretendía realizar el recuento telemático de los votos.

Tras el bloqueo del CTTI el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado que la consulta está anulada de facto. «Esta actuación, realizada en el marco estricto de la ley y por orden judicial, pone de relieve algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que este referéndum ilegal convocado por la Generalitat, ya ha sido anulado por el Estado de derecho», ha afirmado desde el Palacio de la Moncloa.

También el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, se ha referido al «cerco policial y judicial» que está ejerciendo el Gobierno de España contra el referéndum. En este contexto, ha dicho, «llegar a un millón de participantes ya sería un éxito desbordante». Hay que recordar que en la consulta del 9 de noviembre de 2014, votaron 2,3 millones de catalanes.