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La ley valenciana de identidad de género no viola derechos básicos

"Ley Trans"

Un brazalete a favor de la «Ley Trans»

El TSJCV desestima un recurso de la concertada contra el decreto del Consell que obliga a aplicar el protocolo sobre identidad de género de los alumnos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo dictamina que la medida no vulnera los derechos a la igualdad ni a la libertad de enseñanza, ideológica ni religiosa

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso de tres federaciones de enseñanza contra el artículo de un decreto del Consell que obliga a los centros educativos concertados a aplicar un protocolo para la atención a la identidad de género de los alumnos.

Según la Sala, esta medida no vulnera los derechos fundamentales a la igualdad o a la libertad de enseñanza, ideológica ni religiosa.  Tampoco al derecho fundamental de educación, libertad de enseñanza y pleno desarrollo de la personalidad de los menores de conformidad a las convicciones de sus padres.

La Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL), la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) y la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-de Enseñanza- Centros Católicos de la Comunidad Valenciana (FERE-CECA COVAL) solicitaban la nulidad del artículo 29 del decreto aprobado en julio de 2018, que desarrolla la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género en la Comunidad Valenciana (8/2017), conocida como «Ley Trans».

Dicho artículo establece que el protocolo de atención educativa a la identidad de género que apruebe la consejería de Educación «será de obligado cumplimiento para todos los centros sostenidos con fondos públicos».

Respecto a los centros privados que no reciben financiación pública, el precepto estipula que deberán regirse por sus propias normativas, aunque éstas han de cumplir las garantías recogidas en el artículo 22 de la «Ley Trans». En el caso de no disponer de una normativa propia, esos centros deberán regirse por el protocolo que apruebe el Consell.

En los fundamentos jurídicos de la resolución, los magistrados advierten de que no concurren los presupuestos legales para plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra tres artículos de la citada ley, como pedían las federaciones de enseñanza.

En relación al fondo del asunto, el alto tribunal considera que el artículo impugnado no vulnera el derecho a la igualdad por establecer una diferencia entre los centros educativos privados y los centros privados concertados.

«Dichas situaciones no son objetivamente iguales», según la sentencia, y además «la diferencia de trato entre unos centros y otros no se sitúa en la consecuencia jurídica derivada de la implementación de las garantías que la Ley establece», sino en el cauce por el que han de hacerse efectivas esas garantías legales.

El alto tribunal de la Comunidad Valenciana entiende que el artículo 29 del Decreto 102/2018 no cercena el derecho de los centros concertados a la libertad de creación y a tener su propio ideario educativo, pues el ámbito de ese derecho constitucional «tiene límites y uno de ellos es, precisamente, el respecto a los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales».

En esta línea, la Sala recuerda que no existe un derecho potencial de estos centros a tener un ideario propio contrario al derecho de igualdad o que contenga «pautas que no respeten las identidades o expresiones de género que se dan en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado de acuerdo con su identidad».

La sentencia, que ha dado la razón a la Unión General de Trabajadores del País Valenciano, la Generalitat Valenciana, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV), Diversitat LGTBI Alancant y la entidad LAMBDA, puede ser objeto de recurso pero impone a las federaciones recurrentes las costas del procedimiento, hasta un máximo de 3.000 euros.

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