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La Justicia europea obliga al vendedor de un coche defectuoso a devolver el dinero

Coche defectuoso

En el coche entraba agua por el techo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a un concesionario a devolver el dinero a una mujer que compró un coche con un defecto en el techo corredizo. Además, insta a los órganos jurisdiccionales españoles a hacer todo lo posible para garantizar a los consumidores el alto nivel de protección que persigue la Directiva sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo que la normativa procesal española no garantiza en estos momentos.

En una sentencia dictada en Luxemburgo, el tribunal europeo se apoya en que la directiva establece que el vendedor responderá ante el consumidor de cualquier tara que exista en el momento de la entrega del bien. En primer lugar, el consumidor podrá exigir la reparación del bien y, si no puede ser reparado, tendrá derecho, en segundo lugar, a una reducción del precio o a la resolución del contrato. Eso sí, si la tara del bien entregado es de escasa importancia, el consumidor no tendrá derecho a resolver el contrato y únicamente podrá solicitar una reducción adecuada del precio de compra.

El tribunal entra a enjuiciar el caso de una mujer que en 2004 compró un coche de techo corredizo por el que se filtraba agua cuando llovía. Tras varias reparaciones sin lograr que «dejase de llover en su coche», solicitó la sustitución del vehículo, algo a lo que se negó el concesionario, por lo que la afectada presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz, que no dio la razón a la afectada porque, según el juez español, «no podía resolverse el contrato de compraventa porque el defecto del coche era de escasa importancia«.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia europeo recuerda que la finalidad de la Directiva es garantizar un exigente nivel de protección de los consumidores y por eso obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para que los usuarios puedan hacer, en base al principio de efectividad, uso de sus derechos, sin que sea imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los mismos .

El Tribunal europeo declara que la normativa procesal española no se atiene al principio de efectividad, en la medida en que hace excesivamente difícil, cuando no imposible, en los procedimientos judiciales iniciados a instancia de los consumidores por no estar conformes con el estado del bien entregado, aplicar en favor del usuario la protección que la Directiva pretende otorgarles. Por este motivo, insta al juzgado español a garantizar a la usuaria que pueda recuperar su dinero.

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