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La Guardia Civil detiene a 14 altos cargos de la Generalitat

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La Guardia Civil hace cumplir la ley en Cataluña (rtve)

Y registra varias dependencias de la Autonomía buscando la base de datos con la que el Govern ha creado un censo electoral

Además, ha requisado nueve millones de papeletas para votar en el referéndum 

Ayer, el ministro de Hacienda acordó la no disponibilidad de crédito a Cataluña

Agentes de la Guardia Civil han detenido esta mañana a 12 altos cargos pertenecientes a la consejería de Economía, al Departamento de Exteriores y Relaciones Institucionales y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de Cataluña.

En una operación ordenada por la juez de Instrucción 13 de Barcelona, que instruye la investigación sobre los preparativos del referéndum ilegal del 1-O, la Guardia Civil ha arrestado al secretario general del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Josep María Jové (número dos de Oriol Junqueras), y a Lluís Salvadó, secretario de Hacienda y responsable del despliegue de la Agencia Tributaria catalana.

También han sido detenidos el director de Patrimonio, Francesc Sutrias y la directora de Servicios de Vicepresidencia, Natàlia Garriga; el asesor del gabinete de la conseller de Gobernación, Joan Ignasi Sánchez, el responsable del Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Josué Sallent y el responsable del área de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Generalitat, Xavier Puig Farré.

Igualmente, varias personas de empresas vinculadas a la elaboración de material electoral para el referéndum han pasado a disposición judicial. Se les investiga por crear el censo electoral con el que la Generalitat pretende organizar la consulta del 1-O, que también está bajo el foco de la Agencia Española de Protección de Datos.

En un comunicado, el Ministerio del Interior informa que la Guardia Civil está desarrollando un dispositivo para recopilar pruebas e indicios para la investigación, practicando las diligencias judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Se han producido al menos cuarenta registros en distintas dependencias de la Generalitat de Cataluña.

En el marco de las actuaciones, la Guardia Civil también ha intervenido en una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona), material electoral fundamental para la realización del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional.

Concretamente, en el registro realizado en una nave localizada en el polígono industrial Can Barris se han intervenido 9.894.350 papeletas de votación, además de carteles con la leyenda «local electoral», actas de lista numerada de votantes con la inscripción «referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017», actas de sesión de escrutinio, actas de Constitución de mesa y otros formularios.

Esta nueva incautación por parte de la Benemérita en Cataluña se produce después de que ayer localizase en diferentes sedes de la empresa de envíos postales Unipost más de 45.000 certificados de notificación para su remisión a ciudadanos que deberán formar parte de las mesas electorales en el referéndum del 1 de octubre. El material estaba almacenado en una nave de Terrassa y en otra de Manresa y podría suponer el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales, según informó el Ministerio del Interior.

Los agentes del Cuerpo Armado llegaron por la mañana a la sede de Unipost en Terrassa y tras realizar el oportuno registro descubrieron el material electoral que debía ser distribuido esta misma semana. A lo largo de la mañana se fueron concentrando manifestantes, entre ellos los antisistema de Arran, que intentaron impedir el acceso del secretario judicial que debía levantar acta del material incautado. Finalmente, la intervención de los Mossos d’Esquadra permitió el acceso de la comitiva judicial.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, dijo que, a la espera de que el juez analice el contenido del material requisado, se constata «prácticamente con toda seguridad» de que se trata del envío postal de la Generalitat dirigido a las personas elegidas para estar en las mesas electorales.

El grupo de mensajería Unipost se ha autoexculpado asegurando que «en ningún caso» conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes, tal y como establece la Ley Postal.

Por otra parte, los tres primeros alcaldes citados por la Fiscalía como investigados por colaborar en la organización del referéndum ilegal se negaron a prestar declaración alegando que el ministerio público se «extralimita» en sus funciones. El alcalde de Mollerusa y diputado del Parlament, Marc Solsona, el de Oliana, Miquel Sala, y el de Pont de Suert, José Antonio Troquel, se reafirmaron en su compromiso con la consulta.

Y ante la proximidad del 1 de octubre y las llamadas generalizadas desde las fuerzas políticas pro referéndum a «tomar la calle», el Ministerio del Interior ha suspendido los permisos de los policías y guardias civiles en Cataluña.

Las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, coordinadas por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, han cursado una instrucción que modifica el régimen de vacaciones, permisos, licencias, jornada y horarios del personal que participa en el dispositivo extraordinario establecido para garantizar el cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre en Cataluña.

De esta manera, no se concederán vacaciones, permisos o licencias a los policías nacionales y guardias civiles destinados o que se encuentren en comisión de servicio en Cataluña hasta después del 5 de octubre.

Excepcionalmente, se podrá prorrogar el citado período de vigencia si las circunstancias así lo aconsejaran.

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