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La delegación del voto de Comín y Puigdemont fue inconstitucional

Carles Puigdemont

El ex presidente de la Generalidad de Cataluña y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont (Imagen: Pinterest)

Así lo declara el Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la delegación que Carles Puigdemont y Antoni Comín hicieron de su voto como miembros del Parlamento de Cataluña en 2018.

En una sentencia ponencia de Juan Antonio Xiol Ríos se estima el recurso de amparo interpuesto por los diputados de Ciudadanos en la Cámara autonómica contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña con los que se admitió la delegación de voto de Puigdemont y Comín, a día de hoy aún prófugos de la Justicia española.

En cuanto a si el derecho de voto de los cargos públicos puede ser ejercido por delegación, la sentencia concluye que los mismos principios que establece la Constitución para prohibir el mandato imperativo y el carácter personal e indelegable del voto referente a los diputados de las Cortes Generales resultan aplicables a todos los cargos públicos representativos, incluidos los parlamentarios autonómicos.

El Tribunal considera que ‘el tenor de la delegación de voto efectuada por Puigdemont y Comín no se ajusta a la única interpretación del artículo 95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC) que permite considerar esta norma conforme a la Constitución’, pues ‘a través de esta delegación los referidos diputados confirieron a otro miembro de la Cámara el ejercicio de su derecho de voto sin expresar su sentido, rompiendo con ello el principio de personalidad del voto que constituye un límite infranqueable a cualquier delegación de voto’.

Además, la delegación otorgada, al no precisar los debates en los que podía ejercerse ni su duración, se efectúo con un carácter marcadamente genérico que es incompatible con la naturaleza excepcional que ha de tener la delegación. Junto a ello se sostiene también que el supuesto de incapacidad prolongada, que fue el aplicado y es uno de los casos en los que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 95.2 del RPC, cabe la delegación de voto, ha de entenderse referido ‘a situaciones imprevisibles, en el sentido de que no dependen de la voluntad del parlamentario y no pueden ser atendidas de otro modo que con la delegación de voto’.

Afirma, por otra parte, que en ‘el caso enjuiciado tiene especial transcendencia la circunstancia en que se encuentra quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre el que pesa una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión, tal como sucede con los diputados a los que la Mesa permitió delegar su voto. En esa situación ni la excepción al principio deliberativo que supone la delegación de voto es proporcionada y ni, evidentemente, tiene como finalidad salvaguardar otros valores constitucionales que se consideren merecedores de protección’.

La sentencia concluye sosteniendo que la aplicación que ha efectuado la Mesa del artículo 95.2 RPC no es conforme con el artículo 23 CE. El Tribunal considera que, al permitir a los diputados a quienes se había otorgado la delegación que determinaran el sentido del voto delegado, lesiona el principio de personalidad del voto, lo que conlleva tanto la vulneración del artículo 23.1 CE (al delegar en un tercero el sentido del voto se rompe el vínculo entre representantes y representados) como la del principio de igualdad en el ejercicio de las funciones públicas que garantiza el art. 23.2 CE (el diputado que vota por delegación tiene más de un voto: el suyo propio y el que ejerce por delegación).

El Tribunal declara la nulidad de los acuerdos impugnados, aunque por razones de seguridad jurídica, en particular, por la vertiente de este principio que garantiza la confianza legítima, limita el alcance del fallo al impedir que se comunique la nulidad de los referidos acuerdos a los actos que hayan podido adoptarse en virtud de los votos delegados.

La sentencia cuenta con dos votos particulares concurrentes del magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada María Luisa Balaguer Callejón.

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