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La ANC evita el embargo de los bienes de Mas

Artur Mas

Artur Mas cuando era presidente de la Generalitat (RTVE)

Gracias a la Caja de Solidaridad que ha recaudado los más de 5 millones que el Tribunal de Cuentas exige a los acusados de organizar el 9N de 2014

La denominada «Caja de Solidaridad» soberanista ha hecho efectiva la cantidad que estaba pendiente por el juicio de la «consulta» organizada el 9 de noviembre de 2014 por la que el Tribunal de Cuentas ordenó embargar bienes por valor de 5 millones de euros de, entre otros, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas.

La Caja impulsada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha logrado recaudar los más de 2 millones de euros que faltaban para evitar el embargo de las propiedades de los acusados.

Los independentistas dicen hacer frente así a «la represión a la que estamos sometidos por el simple hecho de votar nuestro propio futuro» derivada de «un órgano administrativo llamado tribunal que pone una multa por una malversación».

Advierten en un comunicado que «sigue la represión política utilizando graves sanciones económicas para intentar imponer el miedo».

Gracias igualmente a los partidarios de la independencia catalana, la Caja de Solidaridad ha depositado el dinero que faltaba para levantar los embargos de los acusados por el juzgado de Instrucción  número 13 de Barcelona que investiga el papel de altos cargos de la Generalitat en la celebración del referéndum del 1 de octubre (1-O).

En este caso se ha tenido que depositar una fianza de 5,8 millones de euros. En un primer momento se depositaron 5,1 millones de euros y ante el rechazo por parte de la justicia de que los acusados avalasen el resto con sus propiedades y el consiguiente embargo de sus cuentas corrientes y nóminas, la Caja ha terminado cubriendo la cantidad de los 5,8 millones de euros reclamados a quienes ellos llaman «represaliados por motivo de la lucha por la independencia de Cataluña».

Desde el organismo recaudatorio creado por la ANC recuerdan que han apoyado a más de 140 personas que han sido multadas por su participación en el 1-O.

El pasado vienes, 26 de julio, el Tribunal de Cuentas dictó una sentencia sobre los gastos del 9N. La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas no sólo confirmó las condenas impuestas a Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs, Luis Bertrán, Josefina Valls, Jaume Domingo, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohías i Ricart, sino que añadió otras partidas de gastos que aumentan sus condenas. En consecuencia, los demandados tiene que pagar cifras que oscilan entre los 4.988.620 y los 21.767 euros.

Fue un triunfo del Ministerio Fiscal y las dos asociaciones civiles catalanas que denunciaron el uso de dinero público para el 9N. El Tribunal de apelación estimó su recurso de apelación al considerar que, «además de haber quedado probado que la compra de 7.000 ordenadores por el Gobierno catalán estaba destinada a la finalidad anticonstitucional de celebrar un referéndum sin soporte presupuestario constitucionalmente admisible para tal finalidad, el resto de los gastos enjuiciado se aplicaron al ilegal e inconstitucional denominado proceso participativo convocado para el 9 de noviembre de 2014, habiendo establecido el Tribunal Constitucional la nulidad de dicha consulta por ser contraria a la Constitución».

Puede leer aquí la sentencia dictada por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas

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