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Tumbada la regulación de los vientres de alquiler de C’s

Ignacio Aguado

Ignacio Aguado es el portavoz de C’s en la Asamblea madrileña

Tres diputados regionales del PP rompen la disciplina de voto

Los diputados del Partido Popular de Madrid Luis Peral, Regina Plañiol y David Pérez rompieron ayer la disciplina de voto y «tumbaron» la propuesta de Ciudadanos (C’s) sobre «vientres de alquiler».

La formación liderada por Albert Rivera, con 17 diputados en la Asamblea de Madrid, contaba con los 48 del Partido Popular para aprobar una Proposición No de Ley (PNL) en la que instaban al Gabinete regional de Cristina Cifuentes a solicitar al Gobierno de España que aprobase una Ley que regulara la gestación subrogada.

Estaba previsto que la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobase la PNL 51/2016 presentada por C’s. El portavoz del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, había adelantado el apoyo a la iniciativa en la que incluirían la prohibición de usar la gestación subrogada de forma «lucrativa y comercial».

Pero todo se «torció» cuando tres dipuatdos del PP rompieron la disciplina de voto y paralizaron la Ley de regulación de Gestación Subrogada con la que la formación naranja pretendía «garantizar los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso y, de forma especial, a los menores fruto de esa técnica de reproducción». Finalmente, la PNL recibió 64 votos en contra y sólo 62 a favor.

La propuesta había despertado inquietud en algunas asociaciones «pro vida» como el Centro Jurídico Tomás Moro, donde la propuesta de C’s no es otra cosa «que el reconocimiento legal en España de la explotación sexual de la mujer y de la mercantilización de la vida». Además, parte del error de considerar los vientres de alquiler una técnica de reproducción más.

«La iniciativa de Ciudadanos constituye un auténtico engaño porque llama subrogación de la maternidad a lo que es uso y mercantilización del vientre de la mujer; además, trata de engañar al introducir la ausencia de transacción económica ni comercial entre los padres biológicos y la madre gestante, es decir, que, supuestamente, la nueva ley tratará de impedir que medie dinero para que la madre gestante acceda a la gestación de forma altruista, cosa verdaderamente inconcebible porque no se entiende que una mujer acceda de forma voluntaria a quedarse embarazada y llevar adelante un embarazo durante 9 meses para ceder de forma altruista al hijo que ha llevado en sus entrañas”, argumentan desde el Centro.

En otro orden de cosas, desde Ciudadanos apelan a que estas nuevas técnicas dan soluciones a los problemas de esterilidad y se ofrece la oportunidad de tener hijos a los menos pudientes.

Pero para el Centro ese enfoque «parte de numerosos errores, pues no quebranta la igualdad el que algunas parejas no puedan tener hijos, ya que difícilmente se puede quebrantar la igualdad teniendo en consideración que en el ordenamiento legal español no existe la obligación de tener hijos, sino que dicha decisión ha de ser libre y voluntaria de los progenitores, siempre y cuanto estos quieran y puedan tener hijos. Igualmente es incorrecto el enfoque al tratar de justificar que sólo los más pudientes pueden alquilar un vientre femenino en el extranjero, pues la forma de evitar dichas conductas ha de ser prohibir taxativamente en la legislación española el tráfico de menores y la explotación sexual de las mujeres».

Los responsables del Centro Jurídico recuerdan que la maternidad de alquiler no constituye ningún progreso ni avance social, pues realmente supone una nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas que convierte a los niños en productos comerciales, atentando gravemente a la dignidad de las mujeres y de los niños.

A todo esto hay que añadir, según el Centro Jurídico los problemas que se derivan de los «vientres de alquiler». A saber: 6 adultos podrán luchar y litigar por la maternidad/paternidad de los menores, la madre genética o biológica (donante de óvulos), la madre gestante (el vientre de alquiler), la mujer que ha encargado el bebé, el padre genético (el donante de esperma), el marido o pareja de la madre gestante (que tiene la presunción de paternidad), y el hombre que ha encargado el bebé.

En este sentido, alegan que «el objetivo de la maternidad subrogada no es el bien del niño sino el de satisfacer el capricho o deseo de unos adultos de ser padres a cualquier precio». Por todo esto, desde el Centro Jurídico Tomás Moro abogan por realizar una reflexión previa antes de aprobar ninguna norma que suponga la esclavitud sexual de la mujer que fomente el tráfico de menores.

También la Fundación +Vida manifiestó su rotundo rechazo a la regulación de la gestación subrogada en España. Según esta asociación, la decisión de la Asamblea de Madrid «choca con la legalidad vigente y con los derechos del niño».

+Vida recuerda que la maternidad subrogada está prohibida expresamente en nuestro marco legal por la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Según establece su artículo 10 «será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero».

Todo ello sin olvidar que «la denominada gestación subrogada supone el uso de la mujer como una madre objeto porque convierte el vientre materno en una incubadora».

Rocío Monasterio, responsable de acción social de Vox, destacó que «un niño o una mujer no puede ser un objeto de consumo, ni de una cesión». «Una mujer no es una vasija, defendemos la dignidad de la mujer», ha remarcado.

Por su parte, María Isabel Moreno, vicepresidenta de Enraizados, dijo durante un acto de protesta en la Asamblea, que «alquilar los vientres es una acción humillante para la mujer porque se la utiliza como una máquina de reproducción y se regula a través de un contrato, en el que también se ve al hijo que está en el vientre como un objeto meramente comercial».

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