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Inhabilitado el ex alcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri

Sentencia

La Sala condena en costas a los acusados

Además, han sido condenados dos de sus asesores por prevaricar en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Comercio

Echávarri también fue enviado a juicio por despedir a una funcionaria que era cuñada de un concejal del PP

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a las penas de inhabilitación al ex alcalde de Alicante Gabriel Echávarri (PSPV) y a dos de sus asesores, Pedro de Gea y Eduardo Díez, por prevaricar en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Comercio.

Concretamente, los ahora condenados prevaricaron en la promoción publicitaria de una gala del comercio y en la renovación de cartelería en dos mercados municipales y un mercadillo.

El tribunal ha impuesto a Gabriel Echávarri ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público que implique el ejercicio de los cargos de alcalde, teniente de alcalde o concejal de cualquier corporación local. Por su parte, Pedro De Gea ha sido condenado a ocho años y seis meses de inhabilitación, en su caso para ejercer como asesor o funcionario de cualquier corporación local. Finalmente, el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, Eduardo Díez, ha sido condenado a siete años de inhabilitación para el ejercicio de los mismos cargos que De Gea.

El tribunal considera a Echávarri autor de un delito continuado de prevaricación, al asesor Pedro De Gea, cooperador necesario del mismo delito continuado, y al ex jefe de Gabinete de la Alcaldía, Eduardo Díez, cooperador necesario de un delito de prevaricación, sin continuidad delictiva.

La Sala ha probado que los tres acusados “actuaron arbitrariamente” al adjudicar, entre noviembre y diciembre de 2016, un total de 25 contratos menores desde la concejalía de Comercio, competencia que tenía delegada entonces el propio alcalde. A su juicio, al operar de ese modo, beneficiaron “siempre y únicamente” a profesionales elegidos “por propia voluntad del alcalde y de sus asesores”.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 y por decisión de Echávarri la Concejalía de Comercio contrató, empleando la figura del contrato menor de servicios (cuyo importe, sin incluir el IVA, no puede exceder de 18.000 euros), un total de 25 operaciones con diferentes empresas por un importe acumulado de 189.762 euros produciéndose el fraccionamiento deliberado y reiterado por los acusados de los objetos de las prestaciones a fin de eludir la normativa vigente en materia de contratación administrativa, que exige respeto a los principios de publicidad y concurrencia en nueve de ellos.

De acuerdo con la sentencia, de esas 25 facturas, nueve “superan la mera irregularidad administrativa”. Son las correspondientes al pago de la financiación y promoción publicitaria de la Gala de los Premios del Comercio 2016 y las incluidas en un bloque destinado a la renovación de cartelería de dos mercados municipales y un mercadillo.

Para los magistrados, en el caso de esas nueve facturas, los acusados “contravinieron, consciente y plenamente, los principios de la contratación relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos, cercenando el logro de un eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

La sentencia pueden ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

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