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Griñán admite que falló el control del gasto de los ERE

José Antonio Griñán

Griñán se autoexculpa…

El presidente del PP andaluz pide a Susana Díaz que explique a dónde han ido a parar los fondos públicos desaparecidos

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán declaró ayer ante el Tribunal Supremo como imputado por el caso de los ERE falsos.

Durante su declaración, Griñán calificó de «barbaridad» las ayudas millonarias defraudadas pero se excusó del desvío de dinero público diciendo que cuando se produjo el fraude él estaba al frente de la Consejería de Economía y Hacienda y no de la de Empleo. Además, sostuvo que la Intervención General de la Junta de Andalucía, el órgano que controla los gastos públicos, nunca le alertó de las irregularidades.

«Todas esas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal», dijo ante el juez Griñán, quien explicó que el presupuesto se hacía «correctamente» y que los problemas surgieron con la ejecución del gasto, que corresponde a cada departamento que tiene asignado el crédito. Es decir, Griñán, al igual que hizo José Antonio Viera, ex consejero de Empleo andaluz, culpa a sus subordinados del fraude.

«Yo no podía saber cómo se preparaban los presupuestos en cada uno de los departamentos», dijo el ex presidente andaluz y actual senador –lo que no comparte la juez Alaya-, que también aseguró que la actuación de su Consejería fue «irreprochable», que todas las modificaciones presupuestarias «cumplían todos los requisitos legales» y llevaban la firma del interventor general, con lo que el papel que le quedaba a «su» Consejería de Hacienda era, simplemente, elevarlas al Consejo de Gobierno.

A preguntas del fiscal –no respondió las preguntas de las acusaciones particulares-, Griñán respondió que no cree que el interventor general hiciera «dejación de funciones». «A mí no me corresponde atribuir responsabilidades», indicó.

Tras su declaración ante el Supremo, que duró cuatro horas, griñán dijo a los medios de comunicación que le esperaban a las puertas del tribunal que «no hubo un gran plan» para orquestar la desviación de fondos, pero sí «un gran fraude» y admitió que «algunos controles pudieron fallar». «Siempre que se produce una irregularidad en un procedimiento es que falla algo y en este caso lo que falló es el control del gasto«, dijo.

Mientras esto ocurría, su sucesora en el cargo, Susana Díaz, seguía intentando encontrar los apoyos necesarios para ser investida presidenta de la Junta de Andalucía, una tarea complicada si tenemos en cuenta que los demás partidos que han obtenido representación en el parlamento andaluz -Partido Popular, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida-, siguen exigiendo la dimisión de Griñán.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, reclama al PSOE que sea «coherente» y que se ponga frente al espejo de lo que exigen a los demás». Y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, pidió a la presidenta en funciones explicaciones sobre a dónde han ido a parar los fondos de los ERE desaparecidos.

Por su parte, Ciudadanos trasladó ayer a los socialistas andaluces en una reunión que duró más de una hora que no negociará la investidura de Susana Díaz sin la dimisión previa de Antonio Griñán como senador y de Manuel Chaves como diputado. El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, señaló que habían abordado la composición de la Mesa del Parlamento, pero que «para empezar otras negociaciones» el PSOE debe asumir el documento anticorrupción que le entregaron la semana pasada y que en este momento los socialistas «no están en disposición de adoptarlo».

También la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, pidió las dimisiones de ambos expresidentes de la Junta. En una entrevista en Cuatro, señaló que la corrupción se produce porque hay «un exceso de impunidad» y criticó la «falta de asunción de responsabilidad política».

Por su parte, Susana Díaz volvió a defender la inocencia de Chaves y Griñán y reiteró que les pedirá sus escaños si resultan imputados por delitos concretos.

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