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Cambray celebra ‘el primer paso para no dar el 25% en castellano’

Josep González-Cambray

El consejero de Educación catalán, Josep González-Cambray, esta mañana en Barcelona

El consejero de Educación catalán valora como una victoria independentista la resolución del TSJC que va a plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre los decretos aprobados expresamente para incumplir ‘la sentencia del 25%’

El consejero de Educación catalán, Josep González-Cambray, ha celebrado la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha constatado que las normas aprobadas en el Parlament por los partidos independentistas con el apoyo de los socialistas impiden aplicar las sentencias que obligan a impartir el 25% de las clases en castellano.

‘Ésta es una primera victoria y una gran noticia, es el primer paso para que en ningún aula del país se aplique el 25% del castellano’, ha dicho González-Cambray, que cree que el hecho de que el TSJC vaya a plantear una cuestión de inconstitucionalidad ‘afianza el modelo de escuela catalana’.

El consejero independentista ha agradecido el apoyo recibido por el Partido Socialista liderado por el ex ministro de Sanidad Salvador Illa, que ha apoyado todas las resoluciones supremacistas para impedir que los castellanohablantes puedan aprender en castellano en Cataluña. ‘El catalán es una cuestión de país’, ha agregado el consejero de Educación catalán, que ha incidido en ‘el máximo consenso político’ alcanzado para ‘afianzar el modelo de escuela catalana’.

En cuanto al próximo curso, el titular de Educación ha expuesto que ‘hemos conseguido máxima tranquilidad para los centros educativos’, a los que ‘hemos dotado de un escudo jurídico y legal’ para que puedan incumplir las sentencias que obligan a impartir al menos el 25% de las clases en castellano.

Por parte de las asociaciones defensoras de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña, Convivencia cívica Catalana y Hablamos Español, han instado a los partidos políticos constitucionalistas (ante la inacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) a que impugnen las normas aprobadas por la Generalidad de Cataluña ante el Tribunal Constitucional y soliciten la suspensión cautelar de las mismas, toda vez que el TSJC no puede plantearla (al estar la suspensión vetada por la Constitución en las cuestiones de constitucionalidad).

En este supuesto existe la posibilidad de que los partidos planteen la suspensión cautelar de la normativa (ya que no está prohibida expresamente por la CE ni por la LOTC ) al estar ante un supuesto excepcional: una norma aprobada de manera expresa y pública para incumplir una Sentencia que aplica una doctrina pacífica del Tribunal Constitucional.

‘Es evidente que estamos ante un ánimo dilatorio por parte de la Generalidad, por lo tanto, entendemos que el Tribunal Constitucional debería plantearse suspender las normas mientras se sustancia el recurso que puedan plantear los partidos’, argumentan.

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