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Fianzas millonarias para los acusados por los ERE falsos

Auto de Mercasevilla

Extracto de la parte dispositiva del auto de Mercasevilla

El juez dicta auto de apertura de juicio oral en dos piezas separadas del caso ERE por las ayudas a Mercasevilla y Río Grande

El magistrado abre juicio oral contra once investigados en la pieza de Mercasevilla por prevaricación, malversación y falsedad documental

En la causa de Río Grande, el instructor abre juicio oral contra nueve personas por prevaricación, malversación, falsedad y tráfico de influencias

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado sendos autos de apertura de juicio oral en las piezas separadas del caso de los ERE falsos de Andalucía centradas en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Río Grande Sevilla y a Mercasevilla.

Mediante un auto dictado el día 8 de octubre y notificado hoy miércoles a las partes, el magistrado acuerda abrir juicio oral contra once personas investigadas en la pieza separada incoada por las presuntas irregularidades en las ayudas de la Junta a Mercasevilla para los ERE de los años 2003 y 2007.

Entre los once encausados, se encuentran el ex director general y el ex subdirector general de Mercasevilla en la fecha de los hechos investigados; varias personas vinculadas a la mediadora Vitalia y a las entidades Hermes Consulting y Maginae Solutions; un ‘intruso’ -persona que fue incluida como beneficiaria de una póliza de seguro pese a que nunca habría trabajado en Mercasevilla-, o un asesor fiscal.

El juez abre juicio oral contra los once acusados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, mientras que también abre juicio oral contra ocho de ellos por un presunto delito de falsedad documental. Además, abre juicio oral contra las entidades Magina Solutions y Hermes Consulting en calidad de responsables civiles subsidiarios, así como contra Mercasevilla como responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo.

El juez precisa que la pretensión del Ministerio Fiscal de que se decrete la apertura de juicio oral contra Mercasevilla en calidad de partícipe a título lucrativo ‘debe tener acogida’ teniendo en cuenta que, ‘a consecuencia de las ayudas ilícitas concedidas a Mercasevilla, dicha mercantil se habría visto clara y directamente beneficiada al obtener -injustamente- fondos con los que dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales y laborales’.

Asimismo, el instructor requiere a los once acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que en algunos casos alcanzan los 4,8 millones de euros- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada. El juez, en este sentido, impone a Mercasevilla una fianza de 4,3 millones de euros.

Río Grande Sevilla. De igual modo y en un segundo auto fechado también el día 8 de octubre y notificado hoy, el magistrado abre juicio oral contra nueve personas acusadas por las ayudas a Río Grande Sevilla S.L..

Entre los nueve encausados en esta pieza separada del caso ERE, se encuentran la administradora única de la mercantil; varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, de la entidad Atrado Mensajería S.L. y de un bufete de abogados, y un ‘intruso’ -persona que fue incluida como beneficiaria de una póliza de seguro pese a que nunca trabajó en Río Grande-.

El juez abre juicio contra los nueve investigados en esta pieza separada del caso por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación; contra seis de ellos por un delito continuado de falsedad documental, y contra uno de los acusados por un presunto delito de tráfico de influencias. En este sentido, también abre juicio oral contra Río Grande Sevilla, el referido bufete de abogados y Atrado Mensajería en calidad de responsables civiles subsidiarios.

El juez, en este caso, también requiere a los nueve acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que oscilan entre 1,9 millones de euros y 165.000 euros- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada.

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