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El TSJ catalán insta a cumplir la sentencia del 25% en 15 días

Pere Aragonés

El presidente catalán, Pere Aragonés, es el último responsable de que se cumplan las leyes en Cataluña (Foto: Parlament)

Los colegios catalanes están obligados por la ley a impartir el 25% de las clases en castellano

Requiere al consejero de Educación autonómico para que implemente la sentencia y a la Alta Inspección para que verifique su cumplimiento

La Sección 5ª de la Sala Contencioso-Cdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dispuesto requerir a la Administración para que obligue a cumplir de forma inmediata la sentencia que obliga a todos los colegios y centros educativos de Cataluña a impartir el 25% de las clases en castellano.

Esta decisión judicial es consecuencia de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe solicitó la ejecución forzosa de la sentencia ya que el consejero catalán de Educación, Josep González-Cambray, la ha incumplido de manera manifiesta, motivo por el cual ha sido denunciado en los tribunales.

En su auto, que puede leer aquí en lengua vernácula, el tribunal resuelve:

– Requerir al consejero de Educación de la Generalidad de Cataluña para que, en el plazo máximo de 15 días, dicte las instrucciones y establezca las garantías de control que procedan para que en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso; utilización que incluirá como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo, e informe al Tribunal en el mismo momento en que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre los tamaños adoptados y el grado de cumplimiento de las mismas.

– Requerir a la Alta Inspección Educativa a efectos de verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al Tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado.

En el auto el tribunal especifica que la Generalidad de Cataluña tiene libertad para cumplir la sentencia como quiera porque ‘lo determinante en la sentencia no es el medio sino el resultado’. Además, señala, ‘la sentencia se limita a determinar el mínimo constitucionalmente exigible en ese ámbito. En conclusión, la elección del medio para garantizar el resultado establecido en la sentencia es facultad de la Generalidad de Cataluña, pero lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional’.

Esta ejecución forzosa deriva de la sentencia dictada por esta sala el 16 de diciembre de 2020 y que fue firme el 20 de enero de 2022.

Puede leer aquí las alegaciones de la Abogacía del Estado a la demanda de ejecución forzosa de la sentencia del 25% presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe / Escuela de Todos

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