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El TSJ considera inconstitucional el decreto valenciano sobre plurilingüismo

Vicent Marzà Ibáñez

Vicent Marzà Ibáñez, conseller de Educación valenciano

La norma vulnera la Constitución porque se dictó para evitar cumplir las resoluciones judiciales que ordenaban suspender el modelo lingüístico en la enseñanza no universitaria

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acordado plantear una cuestión de inconstitucional frente al decreto aprobado el año pasado por el Gobierno de Ximo Puig para aplicar, durante el curso 2017-2018, sus proyectos lingüísticos en los colegios.

La Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo considera que la norma, aprobada por el Consell el pasado mes de septiembre no hace sino mantener el modelo lingüístico sobre el uso del valenciano en las enseñanzas no universitaria recogido en el decreto 9/2017 que había sido suspendido por el tribunal meses antes.

«La Conselleria de Educación no cumplió la orden de suspensión; en su lugar, el Gobierno Valenciano aprueba el Decreto-Ley 3/2017, de 1 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos, convalidado por Las Cortes valencianas el 8 de septiembre de 2017», explican los magistrados para quienes el decreto ley vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el artículo. 9.3 de la Constitución por arbitrariedad al no existir extraordinaria y urgente necesidad para el dictado de tal norma.

Además, el Tribunal pide al TC que declare la inconstitucionalidad del decreto ley por vulneración del artículo 24.1 de la Constitución en relación con el artículo 117.3 ya que se aprobó con la finalidad de impedir la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que acordaban la suspensión del decreto de plurilingüismo y establecían, además, la forma en que tal suspensión debía ejecutarse.

Así, la Sala señala que el propio decreto ley cuya constitucionalidad se cuestiona, en su exposición de motivos «pone de relieve que pretende poner en marcha el sistema establecido en el Decreto aprobado por el Consell en septiembre de 2017 que estaba suspendido por el Tribunal (auto 23 de mayo de 2017 confirmado por de 20 de junio de 2017) y evitar la aplicación de la disposición transitoria primera punto 4 del propio decreto que mantenía el sistema anterior en tanto se implantaba el nuevo sistema (auto de 27 de julio 2017, luego confirmado por auto 22 de septiembre de 2017)».

Añade que «las disposiciones cuestionadas ponen en funcionamiento el sistema durante el curso 2017-2018 en el primer curso del segundo ciclo de educación Infantil y los centros sostenidos con fondos públicos para Infantil de 2 años del primer ciclo de Educación Infantil».

En sendas resoluciones en las que se estima la petición de la Diputación Provincial de Alicante y de la Asociación para la defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana, el TSJ explica que «no se cuestiona la constitucionalidad intrínseca de los decretos aprobados por el Consell» sino que lo que se trata de determinar es si el decreto ley (norma con rango de ley) «impide o limita la ejecución de la suspensión del Decreto 9/2017» acordada en varias resoluciones de la Sala.

Así, cita el auto de la Sección Cuarta de 23 de mayo de 2017 confirmado por otro de 20 de junio de 2017; asimismo, menciona el auto de 27 de julio de 2017 que resuelve incidente para la ejecución de la suspensión y el auto de 22 de septiembre de 2017 desestimando recurso frente al anterior, resoluciones, todas ellas, que confirman que el sistema lingüístico establecido en el decreto queda en suspenso y que, de conformidad con la disposición transitoria primera punto cuarto de dicha norma «se mantiene el sistema anterior establecido en el Decreto 127/2012».

La decisión del TSJ de plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente al decreto ley no puede ser recurrida.

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