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El TS ratifica la nulidad de la venta de las obras de Sigena

Monasterio de Santa María de Sigena

Parte de las obras de Santa María de Sigena, fundado en el siglo XII por doña Sancha de Castilla, esposa del Rey aragonés Alfonso II (Foto: Turismo de Aragón)

El expolio se ha producido aprovechando un depósito realizado en 1972 para su custodia en el entonces Museo de Arte de Cataluña

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huesca que declaró la nulidad de las ventas de objetos artísticos procedentes del Monasterio de Sigena a la Generalidad de Cataluña y al Museu Nacional.

El alto tribunal ha desestimado los recursos interpuestos por la Generalitat catalana, el Museo Nacional del Arte de Cataluña y el Consorcio del Museo de Lérida contra la sentencia de instancia.

El Monasterio de Sigena, que fue declarado en 1923 ‘Monumento Nacional’ de conformidad con la legislación de la época y con los informes de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, perteneció hasta 1995 al Obispado de Lérida. A partir de ese año pasó a integrarse en la nueva Diócesis de Barbastro-Monzón, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Su titularidad, en la fecha de los contratos litigiosos, correspondía a la Real Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Sigena.

En 1970, las religiosas que integraban la Comunidad de Sigena se habían trasladado al Monasterio de la Orden de San Juan de Jerusalén de Valldoreix (Barcelona). En 1972, la priora de Sigena entregó en calidad de depósito, para su custodia en el entonces Museo de Arte de Cataluña, la colección de objetos artísticos pertenecientes al Monasterio.

Posteriormente, en los años 1983, 1992 y 1994, la Orden de San Juan de Jerusalén de Valldoreix, representada por su Priora, vendió a la Generalitat y al entonces Museo de Arte de Cataluña determinados lotes de esos objetos artísticos procedentes del Monasterio de Sigena. La eficacia de estos contratos es el núcleo del litigio.

Tanto el Juzgado de 1ª Instancia como la Audiencia de Huesca estimaron las demandas de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena y declararon la nulidad de las compraventas y la propiedad de los bienes en favor de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sigena. También acordaron -en diciembre de 2017- el reintegro y traslado de dichos objetos a su lugar de origen.

Ahora el Pleno de la Sala Primera del TS desestima los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Huesca, no sin reconocer la especial complejidad jurídica del litigio, que justifica que no se impongan a los recurrentes las costas procesales.

Está probado que los bienes litigiosos formaban parte del tesoro artístico y del exorno del Monasterio de Sigena en la fecha en que fue declarado ‘Monumento Nacional’, por lo que el régimen de protección propio de tal declaración debe extenderse también a ese tesoro artístico.

Sin embargo, la Sala no comparte la causa de nulidad, apreciada por la Audiencia, vinculada a la infracción de las normas de protección del patrimonio histórico-artístico y a la consideración de los objetos vendidos como bienes fuera del comercio. Los diferentes regímenes jurídicos de protección aplicables a los contratos controvertidos no determinan la nulidad de las compraventas y, ni desde el punto de vista canónico ni desde la perspectiva del Derecho civil, los objetos vendidos pueden calificarse como ‘bienes fuera del comercio’.

No obstante, el Pleno aprecia la ineficacia de los contratos porque la titular de los bienes, la Real Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Sijena, es una persona jurídica diferente e independiente de quien actuó como vendedora en los sucesivos contratos, que fue la Real Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Valldoreix. Se trata de entidades religiosas distintas, dotadas cada una, por tanto, de personalidad jurídica independiente.

Sobre la base de los Acuerdos Jurídicos con la Santa Sede de 1979, el Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar que la legislación canónica atribuye a ambas órdenes religiosas como ‘monasterios sui iuris o autónomos’, que es una modalidad de persona jurídica canónica expresamente prevista en el Código de Derecho Canónico.

Aunque los contratos de compraventa litigiosos cumplieron los requisitos de la legislación canónica, no se cumplieron los requisitos adicionales de la legislación civil. En concreto, la Orden del Monasterio de Valldoreix no tenía facultad para disponer de esos bienes, ya que la Orden de Sijena, con personalidad jurídica canónica y civil propia y patrimonio independiente, era quien ostentaba civilmente la propiedad de los bienes vendidos. No consta ninguna documentación formal y fehaciente del acto o resolución canónica de los que resulte la fusión o integración en una única persona jurídica de los Monasterios de Sijena y de Valldoreix.

Respecto a las consecuencias de la ineficacia de los contratos, el Tribunal Supremo considera que el depósito de los bienes, previo a las compraventas, no genera en las entidades recurrentes un interés propio para oponerse a la restitución posesoria que se declara en la sentencia recurrida y al traslado de los bienes al Monasterio de Sijena. Este traslado responde tanto a la singular naturaleza jurídica de los ‘monasterios sui iuris o autónomos’, como persona jurídica canónica y civil vinculada a un lugar, como a las facultades que la legislación especial de protección del patrimonio histórico-artístico reconoce a las entidades demandantes.

Entre las 97 piezas que el Supremo ha ratificado como de propiedad aragonesa se encuentran fondos de excepcional interés, como es el caso de tres cajas sepulcrales realizadas en madera policromada de la segunda mitad del siglo XV, uno de los escasos ejemplos conservados de este tipo de piezas. La más antigua de ellas es la Caja sepulcral de Sor Isabel de Aragón, atribuida al taller de Blasco de Grañén, datada en torno a 1434. De hacia 1494 es el sepulcro de la Priora de Sijena, Sor Francisquina d’Erill y de Castro, atribuido a Miguel Ximénez. Completa el conjunto la caja sepulcral en madera policromada de Sor Beatriz Cornel, de la segunda mitad del siglo XV. En todos los casos la representación de las prioras yacentes se acompaña de la heráldica familiar.

También se encuentran cuatro alabastros policromados que pertenecieron al desaparecido Retablo de Santa Ana, c.1529-1530 y que son obra de Gabriel Joly, uno de los artistas más reputados de Aragón de la primera mitad del siglo XVI, escultor francés afincado en Zaragoza y del que se tienen noticias documentales desde 1515 a 1538. Además, también de incluyen en estos bienes nueve alabastros procedentes del Retablo de la Infancia de Jesús, datado en torno a 1529-1530, también atribuidos a Joly.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, confía en que el litigio abierto en relación con las pinturas murales siga el mismo recorrido y puedan volver pronto a Sigena.

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