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El TS aunará la doctrina sobre las hipotecas el 5 de noviembre

Carlos Lesmes

Carlos Lesmes, presidente del TS y del CGPJ

El presidente del Tribunal Supremo señala que la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala Tercera sobre ese asunto “es firme y no susceptible de revisión”

El Tribunal Supremo (TS) decidirá el próximo 5 de noviembre si convalida, revoca o matiza el cambio de doctrina aplicado por la Sección Segunda de la Sala Tercera respecto al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas.

El presidente del TS, Carlos Lesmes, ha mantenido este lunes una reunión con el vicepresidente del Tribunal, con el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picaco, y los magistrados Nicolás Maurandi Guillén, presidente de la Sección Segunda, Ángel Aguallo Avilés, José Diaz Delgado, Francisco José Navarro Sanchís, Jesús Cudero Blas y Dimitry Berberoff Ayuda.

Tras el encuentro, Lesmes ha comunicado que la sentencia 1505/2018 que obliga a las entidades financieras a pagar el IAJD que grava las hipotecas, es firme y no susceptible de revisión. Así pues, produce plenos efectos sobre las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Lesmes afirma que también son firmes otras dos sentencias que se deliberaron, votaron y fallaron simultáneamente a la sentencia 1505/2018, ambas pendientes únicamente de notificación. Estas tampoco son susceptibles de revisión alguna.

Ante la discrepancia entre unas sentencias y otras -unas obligan a los bancos a pagar el impuesto y otras a los clientes , Lesmes aclara que los magistrados integrados en la sección segunda de la Sala Tercera y el presidente de dicha sección “han actuado en todo momento con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.

Y justifica la avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia porque forma parte de sus atribuciones legales.

Ocurra lo que ocurra el 5 de noviembre, lo cierto es que la iniciativa de Díez-Picazo, avocando a Pleno la sentencia dictada el pasado jueves por “sus” magistrados, ha sido calificada por algunos sectores jurídicos de “insólita” y “sin precedentes”. En la asociación Jueces para la Democracia consideran “intolerable” que una sentencia “velando por los intereses de la ciudadanía se vaya a revisar por los intereses de la banca”.

Para la asociación de consumidores Facua “no se entiende que apenas un día después se vuelva a plantear una cuestión que previamente había resuelto con sentencia firme”. “Esto es un escándalo y huele muy mal”, ha señalado su portavoz, Rubén Sánchez.

Por su parte, Adicae tilda de “irresponsabilidad” la pretensión de revisar una sentencia que era “tajante”. Su presidente, Manuel Pardos, conmina a la banca a “abandonar toda la inercia conservadora del siglo XIX”.

Y la Asociación de Técnicos de Hacienda Gestha estima que 1,5 millones de contribuyentes podrán reclamar la devolución del impuesto de la hipoteca si se confirma la última decisión del Supremo.

La confusión generada en el sector bancario es grande. Algunas entidades ya han aventurado que reformularán las condiciones de sus créditos, con subidas de precios en las hipotecas si finalmente el cambio de criterio judicial les obliga a hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados se confirma la sentencia.

Por lo pronto los principales bancos españoles han retirado de sus páginas webs la información disponible sobre hipotecas. Tampoco la están ofreciendo en sus oficinas a la espera de que el Alto Tribunal aclare si es la entidad o el cliente el que deberá hacerse cargo del impuesto asociado a estos créditos.

Desde que el pasado jueves se conoció el “polémico” fallo, la banca ha perdido cerca de 8.200 millones de capitalización en Bolsa. Algunos expertos calculan que en el caso de que llegara a aplicarse una retroactividad total, la factura para la banca superaría los 29.200 millones.

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