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El TS confirma las condenas del ex alcalde socialista de Alicante

Gabriel Echavarri

Gabriel Echavarri en una imagen de archivo del PSOE-PV

Gabriel Echavarri fue el primer edil de la ciudad entre 2015 y 2018

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado que el ex alcalde de Alicante entre 2015 y 2018, Gabriel Echavarri, cometió al menos dos delitos de prevaricación durante su mandato.

En el primer caso Echavarri realizó contrataciones irregulares a través de la Concejalía de Comercio. Por ello fue condenado a 8 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público. En el segundo caso, el ex alcalde socialista despidió a una funcionaria interina del Ayuntamiento, familiar del entonces portavoz del Partido Popular, que le había denunciado en el juzgado. Por esto se le ratifica la pena de 4 años y medio de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Según los hechos probados, durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 y por decisión del entonces alcalde alicantino, Gabriel Echavarri, la Concejalía de Comercio contrató mediante contratos de servicios (cuyo importe no puede exceder de 18.000 euros), 25 operaciones con diferentes empresas por importe de 189.762 euros fraccionándolos deliberadamente para eludir la ley en materia de contratación administrativa, que exige respeto a los principios de publicidad y concurrencia (concurso público).

Nueve de esos contratos debieron haberse tramitado mediante concurso público en lugar de contrato menor y si no se siguió la tramitación correcta fue para no superar el límite legal del contrato menor de servicios.

La Audiencia Provincial de Alicante condenó en esta causa al ex alcalde a ocho años y medio de inhabilitación por delito continuado de prevaricación, y a la misma pena al entonces asesor del equipo de Gobierno Pedro D.G.L., a quien el primero había encargado llevar de facto la responsabilidad de la Concejalía de Comercio. Asimismo, condenó a 7 años de inhabilitación al entonces jefe de Gabinete de la Alcaldía Eduardo Díez.

Los condenados recurrieron en apelación al TSJCV, que desestimó sus recursos y elevó la pena de inhabilitación a 12 años, para los dos primeros, y a 9 años para el tercero.

El Tribunal Supremo repone ahora sus condenas iniciales de 8 años y medio de inhabilitación por el delito de prevaricación, ya que la elevación a 12 años que hizo el TSJ suponía una agravación de las condenas de los acusados, que está prohibida en derecho si no media recurso del Ministerio Fiscal ni petición alguna como en este supuesto. En cuanto al tercer acusado, Pedro de Gea, su recurso se estima totalmente y queda absuelto al considerar el tribunal que en su caso no hay pruebas suficientes.

Por otro lado, la sentencia ratifica que los hechos en relación al ex alcalde y ex asesor encajan en el delito de prevaricación (el segundo como cooperador necesario), ya que el fraccionamiento de un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de ejecución que corresponda, reúne los requisitos de dicho delito.

El segundo caso se refiere a la decisión del ex alcalde de cesar a una funcionaria interina de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento como represalia por la denuncia ante la Fiscalía formulada en su contra por un miembro del Partido Popular, cuñado de la funcionaria.

El Supremo confirma que fue una arbitrariedad burda y patente realizada con absoluta inobservancia de las más elementales normas de procedimiento. El Supremo desestima íntegramente el recurso del ex alcalde en este caso, y confirma los 4 años y medio de inhabilitación impuestos por el TSJ de Valencia, que había reducido la pena de 9 años de inhabilitación establecidos por la Audiencia de Alicante.

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