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Jordi Sánchez seguirá en la cárcel hasta el día del juicio del «procés»

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez en una imagen de la ANC Granollers

El ex presidente de la ANC y ex candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña pidió que le fuese revocada la prisión preventiva

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad denegar la petición de Jordi Sánchez de suspender su prisión preventiva.

Dicha petición fue presentada el pasado 26 de noviembre por medio de un escrito incidental, que el Tribunal admitió a trámite pocos días después, en el que se señalaba la reciente publicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 20 de noviembre de 2018 (asunto Selahattin Demirtas contra Turquía) como una nueva circunstancia a tener en cuenta en su caso.

En esa sentencia el tribunal europeo insta a Turquía a dejar en libertad al ex jefe del pro kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Selahattin Demirtas, acusado por la Justicia turca de «pertenencia a una organización terrorista e incitación a cometer un delito». En prisión desde el 4 de noviembre de 2016 ha presentado varios recursos pidiendo su libertad hasta que el TEDH condenó a Turquía argumentando que sus autoridades judiciales no han analizado en profundidad los argumentos a favor de la puesta en libertad de Demirtas.

En el fallo el tribunal con sede en Luxemburgo condena a Turquía «por vulnerar los derechos de toda persona privada de libertad a ser conducida ante un juez y a participar en elecciones libres por su condición de diputado, así como por la limitación de la aplicación de las restricciones de derechos».

La defensa de Sánchez consideraba en su escrito que dicha sentencia podía entenderse como una «circunstancia sobrevenida» cuyo contenido podía alterar los fundamentos de la decisión previa del TC de no suspender las resoluciones judiciales que le mantienen en la cárcel.

El auto del Tribunal Constitucional considera que la «circunstancia sobrevenida» alegada hace referencia a «un procedimiento en el que ni el Estado español ni el recurrente han sido parte», por lo que no es de aplicación.

Por esta razón, «la sentencia Selahattin Demirtas contra Turquía no actúa de forma directa sobre nuestro sistema de protección de los derechos fundamentales, exigiendo una proyección automática de la ejecución de la misma». De ahí que «no se trate de una circunstancia sobrevenida que pueda provocar un efecto automático en los procedimientos judiciales internos».

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