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El TC permite al Gobierno de Navarra expropiar viviendas vacías

Yolanda Barcina

Yolanda Barcina dejó de ser presidenta de Navarra en 2015

Cuando no sea para cubrir la necesidad de personas en situación de emergencia social

El Tribunal Constitucional avala que el Gobierno de Navarra pueda expropiar las viviendas que las entidades de crédito y sociedades de gestión mantengan vacías durante dos años.

En su sentencia, que resuelve el recurso presentado por el Gobierno contra varios preceptos de la Ley Foral aprobada en 2013 -cuando aún era Yolanda Barcina presidenta de la región- para regular el derecho a la vivienda en Navarra, rechaza que este mecanismo interfiera en competencias estatales.

La Abogacía del Estado argumentó en su recurso que permitir esta suerte de «expropiación» conllevaría efectos negativos sobre la solvencia de las entidades de crédito y el proceso de desinversión confiado a la SAREB, que se quedó con todos o casi todos los activos «tóxicos» inmobiliarios de las Cajas de Ahorro rescatadas.

El Pleno del TC rechaza esta teoría al no haberse aportado datos objetivos, sino sólo «previsiones», del efecto negativo que la medida recurrida podría causar. Así, sin «una base cierta» no puede declararse inconstitucional. Añade por otra parte el tribunal que al ir acompañadas las expropiaciones de «la indemnización correspondiente» no podrán «perjudicar sustancialmente la solvencia de las entidades de crédito» ni dificultar los objetivos de la actuación de la SAREB.

Por todo ello, la sentencia rechaza que estos preceptos recurridos invadan las competencias del Estado para garantizar la igualdad de todos los españoles.

Otras cosa distinta es la Disposición Adicional Décima de la norma foral, que impone la expropiación forzosa de las viviendas que tras un desahucio sean adjudicadas en subasta a entidades financieras. Esta sí es inconstitucional y nula.

Los magistrados consideran que se trata de un mecanismo distinto al previsto por las normas estatales para hacer frente a la necesidad de vivienda de las personas en situación de emergencia social. La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, explica que las normas del Estado ya prevén cómo garantiza la Administración el derecho a la vivienda de las familias vulnerables.

Esa normativa, aprobada por el Gobierno en el ejercicio de su competencia exclusiva para decidir sobre la actividad económica, determina «de un modo homogéneo para todo el Estado los sacrificios que se imponen a los acreedores hipotecarios para aliviar la situación de sus deudores». Se trata, añade la sentencia, de medidas que persiguen una doble finalidad: de un lado, proteger a las familias en situación de emergencia social y de otro, y al mismo tiempo, mantener el equilibrio del mercado hipotecario.

Como ya afirmó el Tribunal en su sentencia número 93/2015 (referida a la ley de vivienda de Andalucía y redactada por el mismo ponente), la regulación por la ley impugnada de un mecanismo diferente, dirigido también a la protección de los más vulnerables, «rompe el carácter coherente de la acción pública en esta materia».

Al aprobar dicha ley, la Comunidad Foral de Navarra ha ejercido su competencia en materia de vivienda, pero lo ha hecho de forma que, «al interferir de un modo significativo en el ejercicio legítimo que el Estado hace de sus competencias, menoscaba la plena efectividad de dicha competencia estatal». En consecuencia, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Disposición Adicional Décima por invadir la competencia exclusiva del Estado.

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