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Anulan la suspensión de la norma andaluza que impulsa la actividad

Juan Manuel Moreno Bonilla

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, el día que presentó el proyecto ‘Andalucía en marcha’

El decreto-ley 2/2020 para el fomento de la actividad productiva fue impugnado por el Gobierno de España

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por unanimidad, ha acordado levantar la suspensión sobre el Decreto-ley 2/2020 que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla aprobó el pasado 9 de marzo para mejorar y simplificar la regulación y fomentar la actividad productiva de Andalucía.

El Gobierno de España lo impugnó y el Tribunal Constitucional lo suspendió el 6 de mayo. Ahora, el auto del propio Constitucional razona que el Gobierno, que es a quien corresponde la carga de alegar, no solo no ha demostrado que la eficacia de la norma andaluza pueda originar daños irreparables al patrimonio histórico sino que ni siquiera ha argumentado suficientemente qué perjuicios le puede ocasionar al interés general o particular digno de protección.

En efecto, la jurisprudencia del TC, recuerda que ‘el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno no solo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que demuestre o, al menos, razone consistentemente su procedencia y su imposible o difícil reparación, ya que debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto del conflicto’.

El Tribunal también explica que la genérica alegación sobre los perjuicios que ocasionaría la eficacia de este precepto (apartado 6 del art. 28) a los intereses particulares no es suficiente a efectos de considerar argumentados la existencia de los daños invocados. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, ‘la suspensión solamente procede en presencia de perjuicios ciertos y efectivos, en ausencia de los cuales ha de atenderse a la presunción de validez propia de las leyes’.

Idéntica argumentación sirve para rechazar la suspensión de los apartados 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 28 del Decreto-ley 2/2020.

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