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El TC califica el “referéndum” catalán de “inaceptable vía de hecho”

Carmen Forcadell

Los miembros del Parlament “encausados” por el TC

El Tribunal Constitucional notificó ayer a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el último auto contra la celebración del referéndum

La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, conoció ayer el contenido del auto del Tribunal Constitucional que anula por unanimidad la resolución aprobada por la cámara autonómica que aprobó celebrar un referéndum en 2017.

Al igual que hizo con Forcadell el tribunal advirtió al vicepresidente primero, Lluís Maria Corominas, la secretaria primera, Anna Simó, el secretario tercero, Joan Josep Nuet, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, que remite a la Fiscalía sus actos en pos de la consulta ilegal.

En una rueda de prensa convocada al efecto, Forcadell destacó que “lo que sucede en Cataluña no afecta únicamente al independentismo, sino a todos, porque lo que está en juego es la democracia”. “Lo que nos dice el TC es que no se puede hablar de independencia” y que a los “miembros de la Mesa nos correspondía decir al presidente de la Generalitat y los grupos parlamentarios de qué se podía hablar y de qué no. Y eso, evidentemente, ni ha pasado ni pasará”, dijo.

Sin embargo, la decisión tomada ahora por unanimidad por el Pleno del Tribunal Constitucional estima que las resoluciones autonómicas anuladas producen no sólo efectos políticos, sino también jurídicos. Y esa distorsión de la realidad es lo que reprocha el tribunal a los dirigentes catalanes, que se empeñan en hablar de “debate de ideas”.

La decisión del TC conlleva, por un lado, la nulidad de los apartados de la resolución regional que fueron impugnados y, por otro, enviar a la Fiscalía de toda la documentación para que determine si debe o no emprender acciones penales contra la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell; el vicepresidente primero de la Mesa, Lluis María Corominas; y los secretarios, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet i Santacana.

Los apartados impugnados -no todos- fueron los titulados “Referéndum” y “Proceso Constituyente”, incluidos en el Título I sobre “El futuro político de Cataluña”, que, a juicio del abogado del Estado, incumplen lo establecido por el Tribunal en varias de sus resoluciones.

En dichas resoluciones el TC anuló el “inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015″; la resolución por la que se creó la llamada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente; y aquella por la que el Parlamento de Cataluña ratificó el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio de Proceso Constituyente.

Ahora, el TC señala que la resolución ahora impugnada (306/XI) “contraviene y menoscaba” los anteriores pronunciamientos del Tribunal pues “plasma la voluntad del Parlamento de Cataluña de eludir los procedimientos constitucionales para llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español”, lo que supone “intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE)”.

En contra de lo afirmado por los letrados de la Cámara autonómica, el Tribunal señala que la Resolución 306/XI no solo produce efectos políticos, sino también jurídicos, pues “reclama el cumplimiento de unas actuaciones concretas por parte de los poderes públicos”, todas ellas destinadas a la puesta en práctica del denominado ‘proceso constituyente’. “Se trata de directrices claras y concretas dirigidas al propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat” que incluyen los preparativos de un referéndum de independencia y que, si no se anulan, producirán efectos jurídicos “inmediatos”.

Sobre la convocatoria de un referéndum, el Pleno recuerda que, según lo dispuesto en tres resoluciones dictadas en 2015, la Comunidad Autónoma de Cataluña no puede celebrar ni consultas referendarias (competencia que la Constitución atribuye al Estado) ni consultas que, no teniendo carácter referendario, incidan “sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente (…)”. Por tanto, afirma, “el Parlamento de Cataluña no puede desconocer que la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para convocar y celebrar un referéndum”.

El Tribunal reitera que los representantes públicos están obligados a cumplir la Constitución; que “no puede oponerse una supuesta legitimidad democrática de un cuerpo legislativo o de una Comunidad Autónoma a la primacía incondicional de la Constitución”; y que “en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la legalidad constitucional, pues ésta se funda en el respeto a la democracia y sus valores”. “Sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna”.

La autonomía parlamentaria, añade, no “puede servir de pretexto para que la Cámara autonómica llegue hasta el extremo de arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional”. En el presente caso, al igual que ocurrió con la Resolución 263/XI, el Parlamento de Cataluña ha aprobado unas propuestas presentadas por dos grupos parlamentarios “cuyo contenido objetivamente contrario a la Constitución no era difícil de constatar” a la vista de los anteriores pronunciamientos del Tribunal. Todos esos pronunciamientos y las advertencias que les acompañaron eran conocidos por la Cámara autonómica antes de que procediera “a debatir y votar en el Pleno del 6 de octubre de 2016 la aprobación de esas concretas propuestas de resolución”.

Al aprobar la resolución ahora impugnada, el Parlamento de Cataluña “ha desatendido las reiteradas advertencias de este Tribunal” y ha apelado “una vez más, a un entendimiento del principio democrático objetivamente contrario a la Constitución”. De este modo, la Cámara catalana confirma “su antijurídica voluntad de continuar con el ‘proceso constituyente en Cataluña’ al margen del ordenamiento constitucional y sin supeditarse a las
decisiones de las instituciones del Estado español y en particular de este Tribunal Constitucional”.

Ello supone “intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica”.

Por todas esas razones, el Pleno acuerda estimar el incidente de ejecución y declara la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados impugnados de la Resolución 306/XI.

El Tribunal estima también la petición de la Abogacía del Estado relativa a la notificación personal de la presente resolución a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa, al Secretario General de la Cámara autonómica, así como al Presidente de la Generalitat y a los demás miembros de su Consejo de Gobierno, “advirtiéndoles de su deber de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la Resolución 306/XI”, así como “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente pretenda o suponga ignorar o eludir la nulidad” acordada; todo ello con expreso apercibimiento “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado” por el Tribunal.

Por último, el Pleno acuerda estimar la petición de deducción de testimonio de particulares en relación con la presidenta del Parlamento, el vicepresidente primero de la Mesa, y los secretarios primero, tercero y cuarto. El Tribunal explica que “no tiene competencia para resolver si la conducta” de todos ellos “es constitutiva de alguna infracción penal”, pero sí para “constatar que las circunstancias antes referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedente”.

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