1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

El Tribunal Constitucional avala la externalización de los servicios sanitarios madrileños

Ignacio González

Ignacio González vio como dimitió su consejero de Sanidad

El Tribunal Constitucional avala que el Servicio Madrileño de Salud «adjudique contratos a empresas privadas para la gestión del servicio sanitario especializado en seis hospitales de la región», en contra de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero de 2014.

En una sentencia dictada por unanimidad, el Pleno del Constitucional, cuyo presidente es Francisco Pérez de los Cobos, aclara que habilitar al Servicio Madrileño de Salud para «adjudicar contratos para la gestión del servicio público sanitario constituye una posibilidad, pero no un imperativo de la norma».

En este sentido, añade que el artículo 41 de la Constitución Española no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa, sino que la opción de otras fórmulas de gestión se realice preservando en todo caso la titularidad pública del servicio».

«En este caso -continúa la sentencia-, el artículo cuestionado (el 62 de la ley autonómica) únicamente hace referencia a la posibilidad de adjudicar contratos para la gestión del servicio público sanitario especializado en seis hospitales, opción ésta que, por sí sola, no entra en contradicción con el artículo 41 de la CE, sino que se limita a «aumentar las posibilidades abiertas por la legislación estatal desde 1997».

Por otra parte, los magistrados, que no entran a valorar la «eficacia» del sistema elegido por la Comunidad de Madrid, consideran que la ley autonómica «no pone en riesgo el régimen público de Seguridad Social porque la financiación se lleva a cabo mediante fondos públicos y esto no se traslada a quienes asuman la gestión, y sólo la gestión, del servicio público de la sanidad».

En cuanto a la vulneración -alegada por los senadores socialistas- del principio de igualdad del art. 14 CE porque, en su opinión, se crean «desigualdades injustas entre los ciudadanos de una misma Comunidad según les corresponda un centro de gestión directa o alguno de los seis hospitales con gestión privada», los jueces del Constitucional reiteran que la norma recurrida se limita a habilitar la adjudicación de la gestión a terceros «sin establecer ninguna diferencia de trato en cuanto al contenido, alcance o calidad de la prestación; al contrario, la ley precisa que deberán garantizarse los adecuados niveles de calidad, atención y derechos de los usuarios».

El Tribunal, por otra parte, estima el recurso en lo que se refiere al art. 63 de la ley autonómica, que declara inconstitucional y nulo por cuanto incumple la ley estatal que regula los contratos del sector público -el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)-. El precepto impugnado otorga preferencia a determinadas sociedades médicas, frente a otros aspirantes, en la adjudicación de la gestión de los servicios de asistencia sanitaria especializada.

Este trato preferente contraviene lo dispuesto en el art. 1 del texto refundido del TRLCSP, que se refiere expresamente «al principio de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos (…)». Dicha ley estatal prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad e impide establecer requisitos «que no tengan que ver con la capacidad del empresario para realizar el objeto del contrato público».

La preferencia que el precepto impugnado otorga a «las sociedades profesionales compuestas íntegra o mayoritariamente por profesionales del Servicio Madrileño de Salud» tiene como consecuencia la «exclusión de los licitadores, nacionales o extranjeros, que, a pesar de contar con la misma solvencia económica y técnica, no pueden reunir unas condiciones solo asequibles para un tipo de personas jurídicas, las constituidas por profesionales del Servicio Madrileño de Salud».

Tags: , , , , ,