1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

El Supremo ratifica las condenas de Millet y Montull

Félix Millet y Jordi Montull

Félix Millet y Jordi Montull en imagen de TV3

Y el comiso de 6,6 millones a CDC, el partido de Jordi Pujol, Artur Mas y Quim Torra, denominado a partir de 2016 PDeCAT y ahora Junts per Cataluña (JxCat) y que, a través del Palau de la Música, se hizo con cientos de millones en comisiones ilegales

Cometieron los delitos de malversación/apropiación y falsedad continuada en documento mercantil, falsedad contable instrumentales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de prisión, y multa de 4,1 millones de euros, a quien fue máximo responsable del Palau de la Música de Cataluña Félix Millet, y la de 7 años y 6 meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros, al también ex responsable de la misma entidad Jordi Montull.

El Supremo ratifica además que ambos deberán devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació) cuyos fondos desviaron en provecho propio.

El alto tribunal confirma también el comiso de 6,6 millones de euros a la formación política Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) -actual Junts per Cataluña- como ganancias obtenidas mediante tráfico de influencias.

La sentencia de casación del Supremo mantiene la dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 29 de diciembre de 2017 con muy ligeras variaciones. Uno de los cambios se produce en la condena a la ex responsable financiera del Palau Gemma Montull, que pasa de 4 años y 6 meses de prisión a 4 años, manteniéndose la multa de 2,6 millones de euros asociada al delito de blanqueo de capitales que, entre otros, cometió.

El Supremo, en una sentencia de 440 páginas de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, desestima el recurso de CDC contra el comiso de los 6,6 millones de euros derivados de la comisión del tráfico de influencias. El Supremo recuerda que hay tres condenados por ese delito (Millet, y Jordi y Gemma Montull) cuya conducta atendía a que la comisión por obra pública adjudicada llegara a CDC.

Como establecía el artículo 431 del Código Penal, recuerda la sentencia, ‘las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso’, por lo que, condenados por delito continuado de tráfico de influencias esas tres personas, se cumplen todos los requisitos también del artículo 127 en esa época para el decomiso, y tanto más de las sucesivas redacciones de que ha sido objeto.

El tribunal subraya además que no estamos ante una declaración de responsabilidad civil, porque el decomiso es institución distinta y sólo exige que las dádivas traigan causa de un delito comprendido en los dos capítulos designados (cohecho y tráfico de influencias), como es el artículo 429, objeto de condena. ‘Desde un inicio y la dinámica delictiva probada lo muestra, el objeto del tráfico era la consecución de estas dádivas (pactada su cuantificación en comisiones porcentuales del importe de la obra) para Convergencia; sin perjuicio de que otros actores se llevaran su parte por prestar el Palau a esas transferencias dinerarias, pues era servicio remunerado, precisamente por el logro de que la parte que aquí contemplamos de esas referidas comisiones, llegara a CDC’, indica la resolución.

Entre los hechos probados por la Audiencia de Barcelona que ahora se confirman, destaca que los responsables del Palau, (donde una de las entidades que lo conforman, el Consorci, es un ente de derecho público) dispusieron de los fondos de las entidades del Palau en provecho propio: abonos de viajes privados, gastos de boda, reformas de viviendas particulares, o bien desvío directo de fondos del Palau al patrimonio particular de Félix Millet y Jordi Montull. También vendieron al Palau locales propios a un precio superior al de mercado.

Asimismo, se subraya que ante un requerimiento de Hacienda para justificar la disposición de alguna de esas cantidades, cometieron a su vez diversas falsificaciones contables y documentales, aparentando corresponder a conferencias, salarios…; y también facturaron al Palau desde sociedades controladas por ellos, formalmente administradas por sus respectivas esposas, servicios inexistentes.

Otra de las acciones a través de las cuales Félix Millet y Jordi Montull buscaron y obtuvieron su enriquecimiento particular a costa de los fondos de Associació y Fundació del Palau fue su mediación para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial-Agroman, mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en Cataluña, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de dicha formación, pagándose aquella comisión en proporción al volumen económico de obra que debía ser adjudicada (el 4%), adjudicación que requería el ejercicio, por parte de determinadas personas de la formación política, del necesario influjo sobre los órganos que resolvían los concursos para que estos fueran finalmente resueltos a favor de la citada Ferrovial.

Los abonos de Ferrovial por obra adjudicada se hacían bajo la simulación de patrocinio de las actividades del Palau, Millet y Montull percibían por su intervención, generalmente el 1,5% y el 2,5% restante lo hacían llegar directamente a Convergencia, bien a través de entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de simulados convenios con la Fundación afín Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras prestados a Convergencia como si hubieran sido prestadas al Palau.

Asimismo, quedó probado que en el curso del programa de comprobación que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (O.N.I.F.) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) inició en el año 2007 respecto de operaciones bancarias realizadas en billetes de 500 euros en el ejercicio 2003, se detectaron varias operaciones de retirada de cuantiosos fondos realizadas por la Fundació y Associació; y la inspección de tributos requirió a Fundació y Associació justificación del destino dado a los fondos.

Ante ello recurrieron a los servicios del bufete Bergós, experto en la asesoría a fundaciones y cuyo titular era el secretario de la Fundació, Raimón Begós, el cual, junto con aquellos y Santiago Llopart, abogado del despacho, idearon y ejecutaron un plan destinado a justificar aquellos movimientos mediante la presentación de toda una serie de documentos mendaces, que conseguirían o confeccionarían ellos mismo, según el caso.

En definitiva, configuraron recibos irreales de la Associació por fondos supuestamente recibidos de la Fundació; facturas o recibos de empresas constructoras por servicios supuestamente pagados en efectivo por la Associació; y recibos manuscritos, completamente irreales, de supuestos responsables de orquestas que habrían recibido pagos en efectivo. Todo ello seguido de la correlativa alteración contable, siempre según los hechos probados.

Pero además, de estas facturas, asientos contables y recibos mendaces presentados a la Inspección de Hacienda, Félix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull, Raimón Bergós y Santiago Llopart planearon la obtención o creación de toda una serie de documentos mendaces que podrían necesitar para justificar determinadas salidas de fondos de las cuentas bancarias de la Fundació y Associació, caso de nuevo requerimiento por ejercicios posteriores.

Para ello, Gemma Montull confeccionó un listado con todas las disposiciones de fondos en efectivo de las cuentas bancarias de Fundació y Associació de imposible justificación legal, archivo al que, muy gráficamente, denominó ‘Los Vikingos’. Paralelamente y sirviéndose de sociedades inactivas, confeccionaron toda una serie de facturas inveraces de diversas mercantiles para justificar parte de dichas salidas, tratándose de mercantiles que nunca habían tenido relación con el Palau de la Música.

En el ejercicio fiscal de 2007, al hacer constar las obras realizadas en las viviendas de las familias Millet-Montull, como obras para la Fundació, las incluyeron en las autoliquidaciones de IVA, a pesar de ser obras prestadas para ellos en cuanto personas físicas y que, por ello, no tenían derecho a compensar o recuperar dicho IVA; y también realizaron intencionadamente una compensación improcedente (por duplicación), en el cuarto trimestre de 2007, de 549.749 euros (236.964 + 312.784 euros). En aquella época CDC estaba presidida por Artur Mas, condenado años más tarde por organizar la consulta del 9-N de 2014 en Cataluña.

Todo ello constituyeron delitos de malversación/apropiación y falsedad continuada en documento mercantil y falsedad contable instrumentales, cometidos por Millet, Jordi Montulll y Gemma Montull (directivos del Palau); tráfico de influencias, por Millet, Jordi y Gemma Montull; blanqueo de capitales y falsedades contable y continuada documental, instrumentales de aquel, cometidos por Osácar, Millet, Jordi y Gemma Montull; falsedad continuada en documento mercantil por Bergós y  Llopart (abogados de bufete relacionado con el Palau); y contra la Hacienda Pública, por Millet, Jordi Montulll y Quintana (gestor que trabajaba para el anterior bufete). Y el delito de falsedad documental por parte de los cinco empresarios que no han recurrido en casación.

Tags: , , , , , , , , ,