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El juez procesa a Chaves y Griñán por prevaricación y malversación

Manuel Chaves

Chaves y Griñán, al banquillo (RTVE)

Además de a los dos ex presidentes andaluces, el juez imputa un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos sobre otras 17 personas

El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha acordado este miércoles que se abra juicio oral a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; al primero por un presunto delito continuado de prevaricación y al segundo por un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos

Martín también ha decidido encausar por los dos delitos de prevaricación y malversación a los ex consejeros, Jose Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo; además, son encausados por estos dos delitos los dos viceconsejeros de Empleo: Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas Alcón; un viceconsejero de Innovación: Jesús Mª. Rodríguez Román; 3 Directores Generales de Trabajo: Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez; un Secretario General de Empleo, Juan Francisco Sánchez García; 2 Secretarios Generales Técnicos de Empleo: Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo; un Interventor General de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez; y 3 Directores de la Agencia IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso, y Antonio Valverde Ramos.

La imputación de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos que el juez atribuye al ex presidente Griñán y a 17 altos cargos de la Junta de Andalucía se justifica porque son personas que desde 2005 conocían los informes de la Intervención General, informes que advertían que por parte del director general de Trabajo se estaban otorgando ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo.

Con el anterior Código Penal (por el que se instruye este procedimiento) la pena de prisión prevista es de 4 a 8 años de privación de libertad (art 432, apartado 2).

Según explica el auto, que refrenda las afirmaciones de la primera instructora del caso, Mercedes Alaya, «no era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía».

El juez aprecia «una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el Director General de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros».

El juez encausa por un delito continuado de prevaricación a los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Alvarez; al viceconsejero de Innovación, Gonzalo Suárez Martín; al viceconsejero de Economía y Hacienda, José Salgueiro Carmona; al secretario general de Hacienda, Antonio Estepa Giménez; al director general de Presupuestos de la Junta, Antonio Vicente Lozano Pena, y al jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Francisco del Río Muñoz.

El presunto delito de prevaricación está acreditado al disponer estas personas ilegalmente, y con conocimiento de ello, de fondos públicos y haber instaurado y mantenido un sistema para la concesión de ayudas y subvenciones contrario a derecho, así como para dotar de fondos al mismo de manera irregular. El delito de prevaricación no conlleva penas de cárcel en nuestro Código Penal, sí la inhabilitación para empleo o cargo público durante, 7, 10 o más de 10 años.

A todos los encausados, el juez les considera responsables de generar, implantar, mantener e impulsar entre los años 2000 y 2011, y desde el gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo, un procedimiento específico, que eludiendo los controles establecidos y a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtuvo fondos públicos y estableció el modo de gastar estos caudales públicos de manera arbitraria y discrecional, empleando el instituto IFA/IDEA como pagador.

Como indica el auto, en estas personas a las que se imputa un presunto delito continuado de prevaricación: «concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia».

Las investigaciones llevadas a cabo demuestran que los ahora imputados conocían que este procedimiento específico para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular y tenía como único objeto eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, con el fin de así disponer de las partidas presupuestarias y, en vez de destinarlas a ayudas sociolaborales y a empresas aplicando la ley, estos fondos se repartieron arbitrariamente, entregándolos a otros fines en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros.

El juez indica en el auto como a través de este procedimiento específico «se ha dado ocasión a que, por motivos ajenos al interés general, se haya podido disponer de fondos públicos con fines distintos a los propios de las ayudas a empresas o a personas afectadas por expedientes de regulación de empleo, se han dado caudales públicos a entidades y personas que no reunían los criterios establecidos para acceder a ellos, y se han concedido subvenciones en cuantía improcedente«.

Como casos de este fraude acreditado, el juez señala también tanto a los denominados intrusos -personas incluidas en los expedientes que eran ajenas a los trabajadores de esas empresas- como el abono de comisiones indebidas a terceras personas -las denominadas sobrecomisiones-, mediante la asunción por parte de la Junta de obligaciones económicas de las empresas, sin justificación ni criterio, o como mera liberalidad.

El mecanismo fundamental para llevar a cabo la obtención de fondos públicos y el modo de gastar estos fondos -al margen de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003) y de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía- consistió en emplear el instituto IFA/IDEA como pagador de las ayudas sociolaborales. «Al aparecer IFA-IDEA como mera caja de pagos no resultaba de aplicación el régimen ordinario propio de los casos en los que este instituto era el concedente de la ayuda y, por tanto, no se le aplicaba ningún control previo».

El auto relata los mecanismos utilizados en este procedimiento, al que califica en varias ocasiones que actuaba con «opacidad», «manipulación» y «encubrimiento» y, el juez explica que «pese a las irregularidades y situación de descontrol que, de modo reiterado, denunciaban estos informes, tanto de la Intervención General de la Junta de Andalucía, como de PriceWaterhouse, o de Garrigues, se constata que no se adoptó medida alguna para enmendar el sistema. Muy al contrario, se continuó nutriendo el mismo con fondos públicos, empleando, si era preciso, instrumentos tales como la modificación presupuestaria a aprobar por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía».

Por otra parte, el juez acuerda sobreseimiento provisional del proceso al ex consejero de Empleo, Manuel Recio Menéndez; el ex consejero de Innovación, Martín Soler Márquez; el ex consejero de Economía e Innovación, Antonio Jesús Ávila Cano; el ex viceconsejero de Economía, José Haro Bailón; el ex director general de Presupuestos, Buenaventura Aguilera Díaz; el ex interventor de la Consejería de Empleo, Juan Luque Alfonso; el ex director general de IFA, Antonio Lara Revilla; el ex director de administración y finanzas de Idea, Pablo Millán Márquez; el ex director de finanzas de IDEA, Juan Vela Quiroga; el ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Diz-Lois Ruiz; el ex presidente de El Monte, José Mª. Bueno Lidón; el presidente de Unicaja, Braulio Medel Cámara; el ex viceconsejero de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Soriano Hernández; el director general de Desarrollo Tecnológico, Manuel López Casero; el director de Industria de la Consejería de Empleo, Jesús Nieto González; el ex viceconsejero de Agricultura y Pesca, Juan Paniagua Díaz; el ex secretario general de Empleo, Francisco García Martínez; secretaria de Comunicaciones, Ana Mª. Peña Solís; el secretario general de innovación, Ángel Garijo Galve; la ex secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético y vocal del Consejo Rector de IDEA, Isabel de Haro Aramberri; la ex secretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Pilar Rodríguez López; el ex presidente de Abengoa, José Domínguez Abascal; el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler Cabrera; y el presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, Felipe Romera Lubias.

En relación a todas estas personas, el juez diferencia tres grupos de investigados: los vinculados a las consejerías de Empleo, Hacienda o Innovación; los que pertenecen a los órganos administrativos de IFA-IDEA, y por último los que se relacionan con IFA-IDEA por su pertenencia a su Consejo Rector.

En relación con los vinculados a las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación, el juez concluye que «ni participaron en la generación de unos presupuestos con reflejo indebido de la partida 440 en relación al programa 31 L, ni participaron en un procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones articulado sobre convenios y transferencias de financiación, en su condición de Consejeros», y por tanto son casos en los que, «o bien no consta el conocimiento del ilícito procedimiento que se estaba dando para la obtención de fondos públicos o para la concesión de ayudas y subvenciones, o bien no consta que hubiesen llevado a cabo acto alguno en soporte de este procedimiento, por lo que no es posible sostener su vinculación a estos hechos».

Sobre las personas pertenecientes a los órganos administrativos de IFA-IDEA, en el auto se pone de manifiesto que «una vez que consta que los presupuestos de este instituto no eran generados desde el mismo para su incorporación a los de su Consejería, sino que les venían dados desde la consejería de Empleo o de Innovación, no es posible trasladar a estos investigados responsabilidad por causa de la manipulación de la que eran objeto los presupuestos de IFA-IDEA. En cuanto a los pagos, al no quedar en su área la decisión sobre las obligaciones que se asumían vía convenio y, por tanto, la de los pagos a afrontar, y, al no constar que conociesen de lo irregular del expediente de concesión de ayudas seguido en la Consejería de Empleo, tampoco resulta posible sostener su permanencia en este procedimiento».

El sobreseimiento del proceso de los miembros del Consejo Rector del instituto IFA-IDEA, el juez destaca que «no se les ha encontrado algún elemento que permita sostener su participación consciente en estos hechos, y por ello no se puede establecer que los investigados tuviesen conocimiento de que los convenios que estaban ratificando fuesen el instrumento de concesión irregular de ayudas y subvenciones».

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