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El juez investiga el gasto de 6,2 millones de euros en el procés

Carles Puigdemon

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigue al frente del Govern, por ahora

El CGPJ pide respecto a la separación de poderes

Y Carles Puigdemont garantiza que el referéndum se va a celebrar a pesar de que la Guardia Civil ha desmontado el núcleo duro de la organización

El TC impone multas de 12.000 euros diarios a los organizadores del «golpe»

El juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, que ordenó la operación policial contra altos cargos de la Generalitat por organizar el referéndum, investiga si el Govern ha destinado a la organización del 1-O 6,2 millones de euros.

El juez sospecha que tres partidas -una de 400.000 euros del departamento de Gobernación y dos de los fondos interdepartamentales que suman 5,8 millones y que fueron incluidas por la Generalitat en la presentación de los Presupuestos para 2017- han servido para sufragar los gastos preparatorios del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

En el auto en el que ordenó las entradas y registros de la operación lanzada el miércoles, el magistrado pide a los agentes de la Guardia Civil que «localicen, intervengan y pongan a disposición judicial» cualquier documentación relacionada con las partidas presupuestarias.

Por otro lado, de los 14 detenidos el miércoles, tres quedaron en libertad ese mismo día y cinco ayer. Los que aún permanecen detenidos prestarán declaración ante el juez entre hoy y mañana, cuando expira el plazo máximo de 72 horas.

La situación en Cataluña sigue tensándose y la actuación de los Moscos d’Esquadra -la policía autonómica catalana- comienza a ser seriamente cuestionada por jueces y policías.

Ayer, el juez que instruye la causa abierta por la organización del 1-O llamó al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para ordenarle que sus agentes abrieran un corredor de seguridad para permitir la salida de la comitiva judicial y de la Guardia Civil de la Consejería de Economía, después de que miles de personas se concentraran tras saberse que se estaba registrando el Departamento por orden judicial y se había detenido a varios altos cargos del Govern.

Y también ayer, después de que cientos de personas se concentrasen por «orden» de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para reclamar la libertad de los altos cargos de la Generalitat detenidos, el Consejo Geeneral del Poder Judicial (CGPJ) emitió un comunicado en el que mostró su apoyo a todos los miembros de la Carrera Judicial que, «en defensa del Estado de Derecho que rige nuestra convivencia», prestan sus servicios en Cataluña.

«A la vista de los acontecimientos que se están produciendo en Cataluña, y especialmente en la ciudad de Barcelona, ante el Palacio de Justicia sede del Tribunal Superior de Justicia, donde cientos de personas se concentran frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del 1-O, que ayer se saldó con una quincena de detenciones», el órgano de gobierno de los jueces españoles reafirmó que la actuación del Poder Judicial, «institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos en nuestro ordenamiento jurídico».

En este sentido, los vocales del CGPJ alertan de que «el cumplimiento de su deber por parte del Poder Judicial no puede verse sometido a ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los Jueces o influir en su toma de decisiones», porque eso «supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales de cualquier Estado Constitucional».

Algo que recuerdan los magistrados «desde el más absoluto respeto a los derechos de libertad de expresión y de manifestación, que están plenamente vigentes en Cataluña y en el resto del España, gracias, precisamente, a los postulados que recoge y garantiza la Constitución Española de 1978». Terminan los jueces su comunicado diciendo que «la independencia judicial no es un privilegio de los Jueces, sino una garantía para los ciudadanos».

También las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han condenado el acoso y hostigamiento que están sufriendo los agentes en Cataluña. Acusan a los manifestantes de tener «bloqueados» durante 24 horas en el interior de la Consejería de Economía de la Generalitat a varios miembros de la Guardia Civil, que «se limitan a cumplir ordenes de los poderes del Estado, tanto del poder ejecutivo en las órdenes impartidas por el Gobierno, como por parte del poder judicial en las instrucciones emanadas para proceder a registros y detenciones de personas en la investigación de la comisión de posibles delitos».

Las asociaciones de la Benemérita reclaman a los poderes públicos que llamen al civismo y la cordura para que disminuya la tensión, ya que «en estos momentos críticos y ante la grave situación de excepcionalidad que estamos viviendo en lo que supone uno de los mayores retos de nuestra democracia», los agentes son «garantes del cumplimento de la ley, del mantenimiento del Estado de derecho y de las libertados y derechos de la ciudadanía» a costa de «su propia integridad física».

La falta de apoyo que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Cvivil estaño sufriendo en Cataluña se reflejó también en los puertos de Barcelona y Tarragona, donde los estibadores han decidido en asamblea no operar los cruceros fletados por el Ministerio del Interior para alojar a los agentes que se han trasladado a Cataluña para participar en la operación para impedir el referéndum el próximo 1 de octubre.

Mientras, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, difundió ayer, a través de Twitter, un enlace con los centros de votación para el referéndum del 1 de octubre. En el tuit, el presidente catalán anuncia el dominio recién abierto y anima a la ciudadanía a consultar su local de votación. Centros cívicos municipales de Barcelona figuran entre los puntos de votación. El segundo teniente alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aseguró que ha sido una «decisión unilateral de la Generalitat» hacer pública la lista de los locales, y que desconocían que incluyera centros cívicos municipales de Barcelona.

Posteriormente, en un mensaje institucional en las redes sociales, Puigdemont insistió en que el 1 de octubre se celebrará el referéndum porque tiene previstos «planes de contingencia para garantizarlo» y tiene «el apoyo de la inmensa mayoría de la población, que está harta de la prepotencia y de los abusos del Gobierno del PP». Denunció que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cruzado esta semana «muchas líneas rojas».

En cualquier caso, dijo sentirse «fuerte» ya que mientras el Estado «actúa como un régimen en el que la autoridad de la fuerza crece de manera inversamente proporcional a la autoridad moral», los miembros del Govern se ven «cada vez más apoyados» por la población. «En el siglo XXI los Estados ya no pivotan alrededor de la fuerza bruta sino de la fuerza de la gente», apuntó. Puigdemont hizo un llamamiento a los ciudadanos para que sigan defendiendo la celebración de la consulta «con el mismo entusiasmo, civismo y firmeza con que lo han hecho hasta ahora».

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, admitió, en una entrevista en TV3, que con las intervenciones policiales contra la logística del 1-O «se han alterado las reglas de juego», pero insistió en que la «mejor moción de censura a Rajoy es el referéndum en Cataluña». Respecto a las detenciones de 14 altos cargos del Govern, Junqueras se preguntó si no se volverán a utilizar «las cloacas de Interior» contra otras formaciones políticas».

En otro orden de cosas, el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat dio ayer orden a los bancos que gestionan su tesorería para abonar la nómina de los funcionarios catalanes. El Ministerio de Hacienda aclaró que la transacción había sido autorizada después de recibir la información de la interventora de la Generalitat que había sido requerida como condición previa.

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