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El juez investiga a Chaves por otro «ERE» de 5,8 millones

Manuel Chaves

Manuel Chaves cuando fue nombrado por Rodríguez Zapatero vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial (Foto: RTVE)

Se abre una nueva pieza separada del «caso ERE» contra 10 ex altos cargos andaluces y otras cinco personas por conceder un préstamo «irregular» a una empresa amiga en 1999

El ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves está siendo investigado por prevaricación y malversación

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, incoar diligencias previas contra el ex presidente andaluz Manuel Chaves y el ex consejero Gaspar Zarrías –que ya han sido condenados a nueve años de inhabilitación en la «pieza política» de los ERE– y a 13 personas más, entre ellos cinco ex consejeros de la Junta de Andalucía, por un préstamo “puente” de 5,8 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa Campocarne Andalucía -anteriormente conocida como Hijos de Andrés Molina (Hamsa)-.

El «regalo» fue entregado por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) tras aprobarlo el Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de ese mismo año.

En un primer auto el magistrado acuerda incoar nuevas diligencias previas en relación a la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación por parte de las 15 personas investigadas.

De igual modo y en un segundo auto, el instructor acuerda incoar diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves, los ex consejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA Salvador Durbán; el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.

En este segundo auto, el magistrado pone de manifiesto que los hechos relatados por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito elevado al Juzgado el pasado 20 de noviembre “podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, por lo que “resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión” a Campocarne Andalucía de un préstamo “puente” de 970 millones de pesetas -5,8 millones de euros-, otorgado por el antiguo IFA y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999 (formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999).

En este sentido, añade que, a través de este préstamo, “podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin someterse a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos”, una operación que no “tendría vinculación alguna con el denominado “procedimiento específico” ni con las indebidas transferencias de financiación articuladas en virtud del mismo -a los fines indicados- en favor de IFA/IDEA”.

A juicio del magistrado, y tal y como sostiene el Ministerio Público en su escrito, los hechos investigados en esta nueva pieza separada “no habrían prescrito” teniendo en cuenta que, “el 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido –ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-«.

El magistrado, en este segundo auto, acuerda solicitar distinta documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta, para que la aporten “a la mayor brevedad posible”. Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente”.

La Audiencia de Sevilla decidió la semana pasada mantener en libertad a cuatro de los condenados en la «pieza política» del «caso ERE».

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