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El juez abre juicio oral en tres piezas separadas de los ERE falsos

Ángel Rodríguez de la Borbolla

Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla

Por las ayudas a Calderinox, Novomag y a un grupo de empresas vinculadas al corcho que cometieron los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos

La primera sentencia recaída en este macro fraude cometido con ayudas públicas para el empleo se conoció en noviembre del año pasado [1]

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado tres autos de apertura de juicio oral contra un total de 17 personas investigadas en tres piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) abiertas por las ayudas a Calderinox, Novomag Manufacturas Metálicas y a un grupo de empresas vinculadas al corcho (Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera).

En el auto relativo a este último grupo de empresas del corcho, notificado hoy viernes a las partes, el magistrado abre juicio oral y acusa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos a un total de seis investigados, como presuntos responsables penales, y contra las empresas referidas y una entidad bancaria en calidad de responsables civiles subsidiarios.

El juez pide a los acusados y responsables civiles subsidiarios que consignen fianzas que oscilan entre los 600.000 y los 11 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar” las sumas señaladas.

Los seis investigados son el hermano del ex presidente de la Junta y ex alcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, identificado como F.P.M.O.; S.M.M.B., como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, M.E.R.C., y un responsable de una entidad bancaria, G.C.E., que “facilitó mediante su firma” la obtención “fraudulenta” del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el juez en el auto de 16 de octubre donde acordó continuar como procedimiento abreviado la causa. Otro alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), el socialista Sotero Martín Barrero, también está entre los encausados.

El Ministerio Público considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado penas de entre 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta a 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta, así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.

En otro auto, referente a Calderinox, el juez abre juicio oral y formula acusación por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, entre ellos dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía -el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el ex director de Trabajo Daniel Rivera-, como presuntos responsables penales, y contra las entidades Uniter y Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-A) en calidad de responsables civiles subsidiarios.

Asimismo, el juez requiere a cinco de los acusados y responsables civiles subsidiarios para que presten fianzas de entre 227.000 y 275.000 euros. Si no las pagan se les embargarán bienes suficientes.

En el tercer auto, relativo a Novomag Manufacturas Metálicas, el magistrado acusa por presuntos delitos de prevaricación y malversación contra cinco personas, como presuntos responsables penales, y contra la referida empresa en calidad de responsable civil subsidiario. El juez requiere a los acusados y a la entidad para que, en el plazo de un día, presten cada uno de ellos una fianza de 600.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para cada uno de los investigados 3 años de cárcel y 8 años y 3 meses de inhabilitación absoluta y que, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen a la Junta en la cantidad de 420.708,47 euros.

El juez, en todos los casos, declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.