1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (1 votos, media: 5,00 de 5)
| Print This Post

El Govern aprueba un decreto para incumplir la sentencia del 25%

govern.cat

Un momento de la reunión extraordinaria celebrada ayer por el Gobierno catalán

El supremacismo catalán dice defender su modelo de escuela catalana impidiendo impartir el 25% de las clases en castellano en contra de las sentencias judiciales

La Generalidad de Cataluña ha aprobado un decreto ley que fija que no se aplicarán parámetros numéricos ni porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas en los centros educativos.

Con esta ley el independentismo catalán pretende incumplir las sentencias judiciales que le obligan a partir del 1 de junio a impartir en todos los colegios el 25 por ciento de las clases en castellano.

A pesar de las innumerables sentencias que obligan a la Administración autonómica a proteger los derechos de los niños castellanohablantes que residen en Cataluña, la norma fija los criterios que se establecerán a partir del próximo curso a la hora de elaborar, aprobar y revisar los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y privados que se sostienen con fondos públicos, para establecer los aspectos relativos al enseñanza y el uso de las lenguas en cada centro.

La nueva norma fue aprobada en una reunión extraordinaria celebrada ayer ante, según los portavoces del gobierno supremacista catalán, la ‘necesidad urgente de aprobarlo antes del inicio del próximo curso’ y después de que se haya logrado un consenso político entre la mayoría de los grupos parlamentarios -ERC, Junts, PSC y la CUP- para poder articular la ley necesaria para proteger al catalán en las escuelas.

Así lo explicó la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que subrayó que esta norma tiene como objetivo ‘proteger a los centros y sus direcciones de las injerencias de los tribunales, especialmente en cuanto a la elaboración de los proyectos lingüísticos’ y, a la vez, salvaguardar el modelo de escuela catalana, ‘rechazando cualquier intento de ligar el aprendizaje de las lenguas a porcentajes o valores numéricos’. La nueva normativa da ‘cobertura jurídica y total’ a los centros educativos y, por extensión, a la dirección, y el responsable último de la aplicación del decreto ley es el Departamento de Educación, remachó Plaja.

La portavoz destacó que el proyecto lingüístico es el ‘elemento nuclear’ del modelo lingüístico escolar de Cataluña aunque puntualizó que la realidad de cada una de las escuelas e institutos no es homogénea y esto imposibilita una ‘regulación monolítica’ o que ‘fije un tratamiento uniforme de las lenguas en todo el territorio de Cataluña’. Por este motivo, los proyectos lingüísticos de los centros y la regulación de la enseñanza y el uso de las lenguas ‘deben considerar necesariamente criterios tanto objetivos como el entorno sociolingüístico del centro, los objetivos de normalización lingüística, el respeto a la diversidad cultural y lingüística y los niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado que se acrediten mediante pruebas y evaluaciones periódicas’.

Plaja también explicó que los centros tendrán que elaborar un proyecto lingüístico que enmarque el tratamiento de las lenguas, con el contenido previsto legalmente. Éste se revisará y se modificará, si es necesario, en función de los conocimientos orales y escritos y del uso de las lenguas que los alumnos alcancen en las diferentes etapas. Se realizará mediante pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en períodos no superiores a los dos años.

En este sentido, el decreto recoge que es el departamento de Educación quien asume toda la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos después de haberlos validado en un período máximo de 30 días. ‘La autonomía de los centros se mantiene y es por eso que posteriormente los centros colaborarán en el proceso de seguimiento y evaluación del proyecto lingüístico facilitando toda la información y proporcionando los indicadores requeridos por el Departamento para hacerlo efectivo’, especificó la portavoz.

Ante la actitud del gobierno independentista, el miércoles 1 de junio la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña presentará un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informando de la desobediencia de la Generalidad y solicitando nuevas medidas de ejecución.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía al consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a los responsables de su departamento por el ‘incumplimiento flagrante’ de la resolución del TSJC ‘cuyo plazo acaba hoy’. Martín Blanco ha asegurado que todo esto se acabaría ‘si el gobierno de España asumiera sus responsabilidades’ llevando este decreto ley al Tribunal Constitucional (TC). ‘El gobierno de Sánchez, una vez más, no está a la altura, está haciendo dejación de funciones y está abandonando a los ciudadanos constitucionalistas de Cataluña’ ha dicho el diputado catalán.

También el Partido Popular de Cataluña (PPC) llevará el decreto de la Generalitat sobre la lengua al Tribunal Constitucional. Su portavoz, Lorena Roldan, ha criticado ‘la desobediencia y la exclusión del español en las aulas’ decretada por el Govern y ha anunciado que ‘lucharán para que la sentencia se cumpla y para defender los derechos de los niños’.

Tags: , , , , ,